Desde Washington, Estados Unidos, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, radicó una solicitud de medidas cautelares para sí mismo y su familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras un supuesto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para atentar en su contra
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En la solicitud, el fiscal pide a la CIDH que se le garanticen los derechos a la vida, la honra, la integridad personal y la dignidad, por medio de medidas cautelares que velen por "las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como fiscal general de la Nación hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas".
En el documento publicado por Fiscalía General de la Nación se explica que esta solicitud se da tras la desestimación que dio el alto comisionado para la Paz de la Presidencia de la República del presunto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de atentar en contra de Francisco Barbosa.
"La campaña de criminalización en contra del fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias, entre otros hechos por sedición, 'traición a la patria', abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo", explica el documento.
A esto añadieron que hay campañas de desprestigio en redes sociales en contra del fiscal general manejadas por sectores políticos y sociales del Estado, mediante "cuestionamientos que buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador".
El funcionario, quien negó levantar las órdenes de captura en contra de miembros del ELN, aseguró que necesitaba estas medidas de protección debido al aumento de nivel y amenaza derivada de su labor, ya que no se tiene "la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar".
En su visita a Washington, el fiscal Barbosa tuvo reuniones y encuentros el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el cual conversó sobre los avances en la justicia transicional y la judicialización de las afectaciones contra los defensores de derechos humanos en el país.
Así mismo, en un encuentro con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido; y el secretario ejecutivo adjunto para el Sistema de Peticiones, Casos y Soluciones Amistosas, Jorge Meza Flores, se puso sobre la mesa diversos tópicos relacionados con la vulneración de los derechos humanos.
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