Colombia declaró "delito de lesa humanidad" la financiación voluntaria de empresas bananeras a grupos paramilitares de extrema derecha, volviendo imprescriptibles estos crímenes, informó este jueves la Fiscalía.
La decisión se tomó a partir de un caso de financiación de estas compañías al extinto Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que operó hace dos décadas por 10 años en el noroeste del país, dijo en rueda de prensa Carlos Fidel Villamil, director de la fiscalía especializada de Justicia Transicional.
El excomandante de dicho frente Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito o Pedro Ponte, hizo "señalamientos directos" y reveló "nombres de empresarios bananeros de la zona de Urabá que presuntamente financiaron el grupo paramilitar entre los años 1996 y 2004", agregó.
Las declaraciones de Hasbún Mendoza se realizaron en versión libre, en el marco de la ley de Justicia y Paz, como se conoció al pacto realizado en 2006 por los paramilitares con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que les ofreció penas reducidas a cambio de desmovilizarse, confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.
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Uno de los casos registrados por la fiscalía ocurrió en noviembre de 2001, cuando durante cuatro días en la terminal de carga del puerto de Urabá, propiedad de la comercializadora de frutas Banadex, antigua filial de la estadounidense Chiquita Brands, se descargaron y almacenaron 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un barco de bandera panameña.
"Con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos", indicó Villamil, quien aseguró que el apoyo también sirvió para combatir a guerrillas de izquierda que operaban en la zona.
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Además, afirmó, a través de los paramilitares las bananeras ejercieron un "control social ilícito, territorial y de recursos" con el que se cooptó al movimiento sindical y "prácticamente se eliminó el derecho a la protesta social en la zona bananera de Urabá".
El fiscal explicó que a los responsables se les podrá imputar el delito de concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad.
La estadounidense Chiquita Brands se declaró culpable en 2007 de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), surgidas a mediados de 1990 para combatir a las guerrillas y desmovilizadas en 2006.
Por esa razón, Chiquita fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares tras aceptar que entregó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos supuestamente con el objetivo de proteger la vida de sus trabajadores.
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Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en abril de 2015 una demanda presentada por más de 4.000 familiares o víctimas directas de paramilitares que actuaron financiados por la compañía estadounidense en territorio colombiano.
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