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La Contraloría General de la República ordenó un proceso de embargo de cuentas a uno de las contratistas del Hidroituango en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial, lo que podría llegar a significar cambios en el cronograma de obras del proyecto.
Tras conocerse la decisión, EPM se sentó con su socio Integral –el embargado- a analizar el alcance del anuncio.
De hecho, la firma antioqueña indicó que la financiación de Hidroituango está garantizada, sin embargo hay dudas sobre el cronograma futuro de ejecución de las obras, pues quienes lo ejecutan –el diseñador, el interventor y el constructor- podrían ser embargados.
El nuevo gerente de EPM, Jorge Carillo, dijo que lo que está en discusión es la capacidad de ejecución de las obras por parte de los contratistas.
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“Evidentemente esto genera inconvenientes para los ejecutores del proyecto, que pueden tener repercusiones en el proyecto y en los planes que traemos como empresa. La financiación del proyecto la tenemos nosotros, como EPM; aquí lo que está en discusión es la capacidad de ejecución que tienen los contratistas, pero no la financiación”, aseguró.
La empresa ha afirmado que para 2022 se proyecta el inicio de generación de energía para el país.
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