Final a buen término para conflicto entre empresa y mineros artesanales que duró cinco años

La adjudicación de un título a la organización generó malestar entre las familias que toda su vida se habían dedicado a esta labor en Boyacá.
Ramiro Ortiz hace parte de una vieja dinastía de consagrados mineros en San Pablo de Borbur, occidente de Boyacá, una zona rica en explotación de esmeraldas. Ramiro cuenta que los Ortiz trabajan en esta mina desde hace 30 años, cuando llegaron a la región.
“En este momento habemos (sic) por ahí seis hijos. (…) hijos, primos, hermanos Eso hacemos grupitos de la familia y cada uno trabaja”, relata.
Las minas pertenecían al patriarca de las esmeraldas Víctor Quintero, quien, en vida, apostándole al arraigo de su gente y como contraprestación al trabajo de los pequeños mineros, decidió donarles 43 hectáreas en lo que hoy se conoce como las minas ancestrales de Peña Blanca.
“El hombre nos dejó esas tierras para que trabajáramos, ellos se fueron y nos donaron esas tierras para que siguiéramos trabajando tanto por encima como en la mina”, dice Ramiro.
Son alrededor de 120 familias acomodadas en las cumbres que custodian los imponentes cerros de Fura y Tena. Después de la donación del señor Quintero, los esmeralderos iniciaron el proceso de legalización del predio y crearon una pequeña asociación que vela porque todos tengan trabajo.
Henry Candela es el hombre que lidera la asociación. Cuenta que las cosas cambiaron desde que la Agencia Nacional Minera otorgó un título que justamente se ubica sobre las tierras que esas familias ocupan desde hace años. Eso generó un conflicto.
“La empresa no tiene un sólo centímetro de tierra, del suelo, nosotros sí, la asociación de las minas sí es la dueña de las 43 hectáreas (…) entonces, dice la ley que se debe concertar”. Henry Candela, fundador Asociación de Mineros Tradicionales.
Armando Caldas es el alcalde de San Pablo de Borbur, conoce muy bien el tema e intentó conciliar entre las partes. “Los pequeños mineros necesitan que se les reconozca la servidumbre minera, que tienen derecho por ser los poseedores de la tierra, eso es lo que exigen, un porcentaje tan pequeño como es el 5% de toda la producción. El título es de 1.081 hectáreas y ellos exigen el 5% de esas 40 hectáreas”, manifiesta el alcalde.
También tienen otro activo invaluable en temas de minería: los socavones, pues llevan años explotándolos.
El alcalde dice que nadie quiere llegar a la violencia y el peor de los escenarios sería un desplazamiento de estas familias.
Estas familias mineras son sobrevivientes de los violentos conflictos que ha vivido el occidente boyacense. Don Elinarco Ortiz, dice que a Peña Blanca no pudieron entrar los grupos armados.
“La guerrilla quiso venir a apoderarse de Peña Blanca y la comunidad, todos unidos, les dijeron no. Mucho después vino un grupo que supuestamente se quiso meter...paramilitares. También hubo una unión en todas las comunidades y no se les dio permiso”, recuerda.
La iglesia, que ha jugado un papel fundamental en la pacificación de la región, busca consolidar esa paz que se logró hace ya varios años.
Pero esta historia tiene un final feliz. Las plegarias de monseñor Luis Felipe Sánchez fueron escuchadas por los empresarios que luego de tres años de negociaciones lograron llegar a un acuerdo mediado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría general.
La empresa Furatena, dueña del título, reconoció el 5% de servidumbre a los pequeños mineros y se comprometió a ayudarlos a formalizarse en lo ambiental, lo técnico y lo laboral. La Agencia Nacional de Minería que desde Bogotá monitorea los títulos en cesión. Busca que mediante audiencias públicas, antes de otorgarlos, no se vuelva a presentar este tipo de conflictos.