La Procuraduría General reveló que 3 gobernaciones y 15 alcaldías entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas contratos por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados.
“Los mandatarios serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, señaló el procurador general Fernando Carrillo.
En la mira están las gobernaciones de Vichada, Atlántico, Boyacá; así como las alcaldías de Itagüí, Buga, Puerto Rico, Argelia, Piamonte, Pueblo Bello, Támesis, Villa de Leyva, Montelíbano, Barbosa (Antioquia), Carmen de Viboral, Consacá, Repelón y Maceo.
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