Familias de los policías asesinados en los atentados terroristas contra la estación de Policía San José en Barranquilla y el CAI Soledad 2000, en enero de 2018, anunciaron que demandarán al Estado.
“Se radicó en la Dirección General de la Policía Nacional la correspondiente solicitud de pago por perjuicios morales y las otras dos demandas están por salir también”, detalló el abogado litigante Segundo Ruge Peña.
Los atentados causaron la muerte a seis policías y heridas a otros 43.
Dos años después de los ataques, tres de los vinculados a la investigación -Cristian Camilo Bellón, Nilson Mier Vargas y Dalila Duarte Martínez, señalados de pertenecer a una célula del ELN- quedaron libres por vencimiento de términos.
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“Cuando me dieron la noticia sentí como si hubiera sido que habían acabado de colocar la bomba, sentí un dolor muy grande en mi alma porque me dije ‘se va a quedar la muerte de mi hijo impune’”, expresó Candelaria Navarro Meneses, mamá de Yosimar Márquez Navarro, uno de los policías asesinados.
Según la Fiscalía, no se pudo avanzar con prontitud en el caso de los atentados porque en Barranquilla hay un solo juez especializado y retraso en las citas.
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El juicio continúa, pero con los acusados en libertad.
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