La Corte Penal Internacional de Justicia en La Haya
falló a favor de Nicaragua en el punto de la demanda por el incumplimiento de Colombia a la sentencia de 2012, cuando el mismo tribunal le entregó 75.000 kilómetros marítimos al país centroamericano. Para la CIJ, Colombia si violó la soberanía nicaragüense en la zona económica exclusiva.
"Colombia infringe los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva. Por lo tanto, la responsabilidad de Colombia está comprometida. En cuanto a los recursos por el incumplimiento de Colombia de su obligación internacional de respetar los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva, la corte determina que Colombia debe cesar de inmediato su conducta ilícita", declaró la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue.
La violación se dio, según la CIJ, porque Colombia autorizaba la pesca en esa zona económica exclusiva de Nicaragua, de acuerdo al fallo de 2012.
"Al autorizar actividades pesqueras en la zona económica exclusiva de la República de Nicaragua, la República de Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de la República de Nicaragua en esta zona marítima”, agregó Donoghue.
Sin embargo, en lo que tiene que ver con los patrullajes de la Armada, La Haya le concedió a Colombia el derecho a vigilar el Caribe occidental.
“Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua límite o pretenda limitar los derechos de Colombia”, afirmó el presidente Iván Duque.
En el mismo fallo, la Corte Internacional de Justicia reconoció el derecho de Colombia a la zona contigua, es decir, el derecho del país suramericano a doce millas extras al mar territorial de cada isla y cayos del archipiélago.
Para Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la CIJ, a pesar de las decisiones contra Colombia, el fallo fue positivo para los intereses del país.
“Es una victoria. Yo creo que Colombia sacó adelante la mayoría de las pretensiones que quería y, desde ese punto de vista, creo que nos consideramos satisfechos con la decisión”, indicó Carlos Gustavo Arrieta.
Aún falta definir otra demanda de Nicaragua contra Colombia en la que ese país centroamericano busca ampliar su plataforma submarina. Las audiencias se esperan entre finales de este año e inicios del próximo.
Incertidumbre en San Andrés
Por otro lado, hay incertidumbre entre los pescadores de San Andrés sobre su futuro. En la tarde de este jueves, 21 de abril de 2022, la Armada Nacional realizó ejercicios de soberanía en aguas del archipiélago y el buque oceanográfico Arc Victoria, con el Ministro de Defensa y la cúpula militar, y llegó al cayo Bolívar, donde izaron el Pabellón Nacional.
Pese a ello, los pescadores insisten en que el litigio entre Nicaragua y Colombia seguirá afectando a la comunidad y sienten temor por la guardia del país presidido por Daniel Ortega.
“La guardia nicaragüense nos coge allá, nos maltrata, nos quita la embarcación y nos meten presos. En el momento no se está cogiendo pescado porque los buques extranjeros están bloqueando la pesca, entonces, no llega la sierra, el bonito, la saltona negra, porque los barcos extranjeros lo están bloqueando”, señaló el pescador Manuel Cubillos.
Los gobernantes locales aseguraron que el fallo debe dar tranquilidad a los pescadores y raizales.
“Lo que ocurrió hoy con la decisión de la corte es que la Armada podrá continuar haciendo control de narcotráfico y se ha garantizado que nuestros pescadores puedan llegar sin ningún temor a las áreas que ancestralmente han sido nuestras y que están en zona exclusiva de Colombia”, indicó Everth Hawkings, gobernador de San Andrés.
Para los líderes raizales,
el fallo los benefició a pesar de no reconocer que sus comunidades han vivido por años en esta zona.
“Para nosotros es muy importante, pues ya formamos organizaciones y hemos sido reconocidos. Somos un pueblo dentro de un Estado y estamos ahora ante una corporación de las Naciones Unidas como la Corte Internacional de Justicia y obviamente podemos con este registro aparecer en otros organismos de derechos humanos”, indicó Kent Francis James, miembros del Raizal Team.
Los pescadores y raizales esperan que efectivamente sus derechos sean respetados.
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