Expolicías les dieron carné de escoltas a criminales como ‘Terror’ para que pudieran estar armados
Los exuniformados, así como un civil, usaban empresas de seguridad privada para este ilícito. Son señalados de también haber carnetizado a dos implicados en la fuga de alias Matamba.
Los detenidos son el coronel retirado Pedro Ruiz Pulido, el capitán retirado José Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; y el particular Jorge Oswaldo Castaño Galindo -
Captura de pantalla de la Fiscalía General de la Nación
Las autoridades colombianas capturaron a dos exoficiales de la Policía y a un particular que utilizaban empresas de seguridad privada para "certificar" a delincuentes como escoltas, lo que les permitía portar armas sin mayores restricciones, informó este lunes 3 de marzo la Fiscalía General de la Nación. Entre los carnetizados estaba alias Terror, líder del Clan del Golfo abatido el pasado 22 de febrero de 2025.
Se trata del coronel retirado Pedro Ruiz Pulido y el capitán retirado José Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; y el particular Jorge Oswaldo Castaño Galindo, quienes figuraban como representantes legales de las empresas investigadas, según un comunicado de la entidad.
“Evidencias y elementos materiales probatorios indican que algunas empresas de seguridad privada, al parecer, carnetizaban como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos con aval de los entes de control”, detalló el ente investigador.
Matamba murió en un operativo de la Policía realizado en Santander, dos meses después de su fuga, en 2022 -
Noticias Caracol
¿Qué delincuentes se beneficiaron con la carnetización?
Según la información, entre los beneficiados de esa carnetización ilegal estaba Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo abatido en el departamento de Antioquia junto a cinco miembros de su escolta.
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Otros beneficiados fueron Édgar Munévar Castillo, alias El Caballista, y Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, involucrados en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá del narcotraficante Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba,
quien en mayo de 2022, dos meses después de su fuga, murió en un operativo de la Policía realizado en la localidad de Bolívar, en el departamento de Santander.
El Caballista, además, haría parte de una red que movía estupefacientes en vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
También se habría visto beneficiado Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, cabecilla del grupo La Oficina, que tiene injerencia en Medellín, Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la investigación, el coronel (r) Ruiz Pulido, a través de su empresa de seguridad, habría simulado con documentación falsa el pago mensual por alquiler de armas de fuego y carnetizado como escolta a El Caballista. Por su parte, el capitán (r) Urrego Chitiva y su compañía presuntamente avalaron el uso de armas de fuego a Martín Bello y a Castro. La empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Gallo Bedoya, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, y a alias Terror.
Alias Terror pidió perdón a sus víctimas, incluso con canciones, pero no pasó mucho tiempo para que retomara las armas -
Los Informantes
Extinción de dominio a bienes por presuntamente carnetizar a criminales
La Fiscalía informó además del embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en algo más de 1.800 millones de pesos, que estarían asociados al entramado ilegal.
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“Se trata de dos sociedades, tres empresas de seguridad, tres inmuebles y un vehículo de gama alta, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas en Bogotá, Villavicencio (Meta), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila) y Puerto Triunfo (Antioquia)”, detalló el ente acusador.
El proceso de extinción de dominio inició luego de que fuera capturado Manuel Antonio Castañeda Bernal en vías de Cauca, mientras transportaba 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las propiedades quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Un fiscal imputó a los expolicías y al civil los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no aceptaron.