La Corte Constitucional hizo un duro pronunciamiento ante la violación de los derechos fundamentales de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Asimismo, hizo precisiones frente a la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos.
Durante el 2023, según Indepaz, 173 líderes sociales han sido asesinados. Por cifras como esas es que la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano estructurar un plan integral de protección para quienes defienden los derechos humanos.
"Ante la repetida, generalizada y sistemática violación de los derechos de los líderes sociales, hay una gran incapacidad institucional para asegurar el respeto, garantía y la protección de los derechos de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos", señaló Leonardo González, coordinador de Indepaz.
A pesar del proceso de dejación de armas, las autoridades dicen que no se hizo uno para copar los territorios donde hoy están en peligro los líderes sociales, quienes piden presencia de fiscales, jueces e investigadores que desmantelen las organizaciones criminales.
Así lo señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
"No va a ser nunca posible proteger a todos los líderes si la confianza se deposita en escoltas, chalecos antibalas y carros blindados. Se necesita una política de seguridad en el territorio para asegurar que se lucha contra el crimen organizado", acotó.
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Con la decisión del alto tribunal, expertos señalan que obligan al Gobierno a implementar mecanismos que garanticen la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales.
"Para superar este estado de cosas inconstitucionales se encuentran directamente comprometidos el Gobierno nacional, las entidades territoriales y la Fiscalía General de la Nación", agregó Leonardo González.
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Si bien aseguran que en la actualidad hay una discusión y cultura de proteger a los líderes, temas como un cese al fuego que no es claro ponen en riesgo a quienes se encuentran en los territorios.
"Los grupos que han amedrentado a los líderes en algunos territorios parecerían ahora tener carta blanca para andar por ahí, pues, por supuesto, la señal que se le manda a los líderes es que quienes están ahí para protegerlos no lo están haciendo", destacó Juanita Goebertus.
Los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos son uno de los grupos más afectados por el conflicto armado en Colombia.
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