La Corte Suprema de Justicia condenó a 116 meses y 12 días de prisión al exmagistrado Gustavo Malo por el cartel de la toga , así como al pago de 94,48 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a la inhabilitación por 127 meses y 17 días para el ejercicio de funciones públicas.
En su sentencia, la Corte declaró a Gustavo Malo como “responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión”.
“Malo Fernández, siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades”, indicó.
En relación al cohecho propio, la Corte estableció que Gustavo Malo, “por intermedio del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción”.
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Respecto al prevaricato por omisión, el alto tribunal señaló que Gustavo Malo, dolosamente, adoptó en el despacho a su cargo “las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales”.
“En concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber”, apuntó.
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Este delito se configuró para cumplir los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la que Gustavo Malo hacía parte y justamente uno de ellos era “retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile”.
“El entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas -como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton- contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Ello a cambio de coimas y dádivas”, afirmó la Corte.
De acuerdo con la Corte Suprema, los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez eran los encargados de los acercamientos con los parlamentarios y, para ello, Gustavo Malo, por intermedio de Ricaurte, “suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas”.
Con dichos aforados se acordó dilatar la apertura de investigación formal a Musa Besaile por presuntos vínculos con grupos paramilitares, a cambio de dos mil millones de pesos.
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Y, a cambio de 1.200 millones de pesos, se acordó que se lograra archivar la indagación preliminar contra Ashton Giraldo, “originada en sus probables relaciones con el Bloque Norte de las autodefensas”.
En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia le negó a Gustavo Malo la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
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