Durante tres días se adelantaron las audiencias de imputación de cargos contra exfuncionarios del exalcalde de Medellín Daniel Quintero
por presunta corrupción en varias entidades con las que se habría creado un cartel de contratación.
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Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a 5 de los 11 señalados de delitos relacionados con la contratación pública. Ellos son: Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques, y los contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas JPINO S.A.S., ESTRUCTURAS ZAFIRO S.A.S, y 1SOLUCIONES S.A.S., respectivamente.
Según la investigación, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos con Metroparques por un valor de 17.450 millones de pesos que, según el ente acusador, fueron entregados a empresas de papel.
“Hay empresas fachadas, las denominadas empresas de papel, empresas sin idoneidad que reciben cuantiosos recursos”, precisó Piedad Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín.
Aseguró que “estaban íntimamente relacionadas (porque había), por ejemplo, familiares, el esposo, la esposa, el hijo, el hermano como representantes legales de esas empresas”.
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Yiri Milena Amado Sánchez, directora seccional de Fiscalías de Medellín, dijo que los otrora funcionarios de Daniel Quintero “se habrían asociado para ordenar irregularmente el traslado de 5 mil millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de Medellín a Metroparques para la supuesta atención de emergencia por el COVID-19. Se evidenció que los recursos trasladados fueron utilizados para el supuesto mantenimiento de las zonas verdes”.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha expresado que “la gravedad de lo que estamos encontrando en el empalme no tiene nombre. Pero además lo que hemos encontrado en los días de gobierno, situaciones que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Y yo vuelvo y pregunto: ¿dónde está la plata?”.
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La Fiscalía General de la Nación imputó a los exfuncionarios de Daniel Quintero por los delitos de peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.
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