Hace algunos días miembros de las FARC aceptaron haber cometido seis crímenes, entre esos el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado . Hay cuestionamientos sobre el papel de la JEP, entre esos cómo se podrá comprobar la veracidad de lo que se ha dicho.
Juan Carlos Henao, partícipe de la estructuración de la Justicia Especial para la Paz , habló en Noticias Caracol sobre la competencia de este tribunal, las posibilidades de castigo, el papel de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.
La JEP tiene cómo corroborar lo de Álvaro Gómez?
Claro que sí tiene, de eso no hay dudas. Se han tratado de generar dudas, conflictos, choques de trenes, pero les digo sinceramente que aquí no hay problema. Las cosas están claras: en la Fiscalía no son jueces, la Fiscalía hace instrucción del proceso, es la que investiga. Mientras que la JEP sí son jueces.
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¿Cómo se articuló desde su inicio este tema de la paz? La Fiscalía va a seguir investigando y tiene que seguir investigando estos seis execrables asesinatos que están en este momento reconociendo las FARC. Eso lo tiene que seguir investigando la Fiscalía hasta tres meses antes de lo que se llama la resolución de acusaciones, que es cuando la JEP ya ha oído a todo el mundo en los casos (…) después lo envían a un proceso a que le acepten lo que le dijo a la Sala de Reconocimiento de verdad.
Para entrar a la JEP hay que tocar la puerta en la Sala de Reconocimiento de verdad, algo que no se puede hacer en la justicia ordinaria. Se tiene que contar todo, con pormenores, y no con verdades a medias.
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Tiene que haber una convicción total y plena de la JEP.
¿Cómo saber que lo que se dice por parte de las FARC es cierto?
Con pruebas. Todas las pruebas que tiene la Fiscalía. Por eso es que en este caso se pidió a la Fiscalía que le mandara a la Sala de Reconocimiento todo, para ver si es verdad, porque pueden estar diciendo falsedades; eso puede ocurrir en cualquier proceso de la JEP.
No vamos a creer entero. Sí, uno tiene que creer en la buena fe y en principio, pero vamos a corroborar con todas las pruebas que haya para ver si lo que están diciendo es cierto o no es cierto.
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¿Los procesos en la JEP tienen términos e instancias como en cualquier otro lugar, o son distintos?
Son muy distintos y son muy abiertos porque depende del volumen de información que se tenga, pero ya la JEP ha dicho que fácilmente en 6 meses, 8 meses va a empezar a sacar esas conclusiones. Eso significa que el caso pasa para que los jueces digan si la sanción sugerida se aplica.
Las sanciones pueden ser, una que no es cárcel, pero sí restricción efectiva de la libertad en condiciones como vigilancia internacional. O puede ser cárcel de 5 a 8 años hasta 20 años, depende del grado de verdad que se ve, que es lo que se está buscando básicamente con esta JEP, que las víctimas sepan qué fue lo que pasó en el conflicto armado.
¿El final del proceso termina con un castigo? Algunos no están de acuerdo con que no haya cárcel. ¿Es, como dijo el expresidente Santos, el gran sapo que iba a tocar tragarnos?
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Si lo que se quiere es desconocer una política de Estado, eso sería gravísimo. Lo que tenemos que hacer los colombianos es entenderlo, es mirarle las cosas positivas (…) esto es un llamado a la paz, a la aceptación del otro.
La democracia se juega es en los disensos, no en los consensos. Tenemos que aceptar que hay otra gente que tiene una forma de ser distinta, que ha hecho maldades, pero ese fue el mensaje: se cambian las armas por la política.
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Los del no ganaron con democracia, pero hubo unos procedimientos que se hicieron constitucionalmente y que fueron avalados por la Corte Constitucional, que le puso el visto bueno.
Lo que estamos viendo fue avalado por el máximo organismo judicial.
¿En el estudio de las confesiones se tiene en cuenta la versión de las víctimas? ¿Eso tiene peso judicial?
Sí. Es más, citaron a las víctimas, a los familiares de los 6 crímenes. Van a dar su versión a la JEP. Es, en el fondo, como cualquier juicio. La diferencia es que la gente empieza diciendo la verdad. Si no la dicen, asumen las consecuencias.
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La Fiscalía reclama competencia y la JEP dice lo mismo porque así lo dice el acuerdo, ¿quién establece en dónde queda la investigación?
Ya hay una sentencia desde la corte Constitucional donde se dice que la Fiscalía no puede establecer conflictos de competencia. Aquí, hasta donde tengo entendido, realmente el conflicto está más siendo inventado que algo real. La Fiscalía tiene que seguir investigando a todos, pero cuando la JEP pida lo investigado, ahí pierde la competencia la Fiscalía.
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¿Qué ocurriría si el fiscal dice que no entrega la investigación?
Eso sería una vía de hecho. En caso de que llegue a pasar entonces qué se hace. Habrá que meter una tutela contra la decisión de la Fiscalía y será la Corte Constitucional, como máxima guardiana de la Constitución, la que termina dirigiendo. No queremos que eso pase, yo no creo que eso vaya a pasar.
El presidente Duque, el comisionado de paz y el exfiscal Néstor Humberto Martínez plantean que esa confesión debería hacerles perder las curules del Senado. ¿Sería correcto o viable?
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En mi entender no es correcto, es muy desatinado. Si les dicen ‘sálgase de senadores por haber cometido crímenes execrables’, ¿entonces para qué se hizo el acuerdo de paz?. Se estaría incumpliendo.
Lo segundo es que eso no se ha establecido como sanción. En ninguna parte de los acuerdos se estableció eso.
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Ellos se están pegando de una frasecita que hubo sobre la sentencia de intervención de terceros obligatoriamente o no en la JEP y están haciendo una interpretación que no tiene asidero, porque aquí no estamos hablando de terceros, aquí estamos hablando de comparecientes obligatorios.
Los de la guerrilla no están yendo porque quieren es porque les toca ir, y como les toca ir, ellos tienen todas las garantías que les da el sistema. Una de las garantías en lo que se firmó era otorgarles ciertas curules por unos años a ver si, de pronto, logran seguir consiguiendo votos para seguir siendo elegidos.
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