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Estados Unidos le prohibió el ingreso al general Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, quien está sometido ante la JEP por la muerte de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate, en hechos relacionados con falsos positivos.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que se “designa al exgeneral colombiano Mario Montoya Uribe, debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Hay pruebas creíbles que, durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado en Colombia”.
(Lea también: Gobierno ofrece disculpas por 35 falsos positivos en Antioquia y familias exigen reparación)
La entidad agregó que, “como resultado de esta acción, Montoya Uribe y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.
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Agrega el comunicado que “Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del acuerdo de paz de Colombia, desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre. Estados Unidos seguirá esforzándose por apoyar una paz duradera en Colombia, que reconozca las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes".
Por último, el Departamento de Estado sostuvo que “también encomiamos la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz para poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto y responder a las víctimas y los sobrevivientes en todas las etapas del proceso de justicia transicional”.
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De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época (2002-2003). En la Brigada IV, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar ‘muertes en combate’ como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército”.
En cuanto al uniformado, la JEP especificó que la presión por “muertes en combate” fue ejercida por el comandante de la Brigada, el general en retiro Mario Montoya Uribe, "y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4, Jorge Eduardo Sánchez, sobre los miembros de las unidades tácticas, a través de los programas radiales”.
La Sala de Reconocimiento de Verdad halló que la obligación impuesta por el general en retiro Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada, a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros", “chorros", “ríos", “barriles", o “carrotancados" de sangre, fue una orden recurrente entre los años 2002 y 2003.
La Sala de Reconocimiento aún sigue investigando los eventos ocurridos en Antioquia, entre 2004 y 2006, además de algunos casos representativos de 2007, así como la presunta responsabilidad del general en retiro en otras ejecuciones extrajudiciales durante su tiempo como comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional.
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Hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha imputado a 62 personas por casos relacionados con falsos positivos.
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