¿Está cumpliendo el Gobierno con lo acordado en proceso de paz sobre la tierra?

Mientras que funcionarios explican cómo se han financiado e implementado los PTDS, en zonas como Ataco, Tolima, excombatientes aún esperan lo prometido.
Cuando el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC, firmaron el acuerdo de paz se comprometieron a sacar adelante un nuevo contrato social que, sobre todo, beneficiaría a la población campesina, principal víctima del conflicto armado.

Han pasado ya más de tres años de la firma del acuerdo; en materia de tierras se trazó un plazo de 15 años para erradicar la pobreza extrema en el campo y la reducción de la desigualdad. Para este punto, conocido como la reforma rural integral, se crearon los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets.
En una reunión reciente, que convocó a los alcaldes y gobernadores de las zonas priorizadas, Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio dijo que el ‘bus’ Pdet tiene sus recursos garantizados.
Pero desde el comité técnico de seguimiento a los acuerdos piensan que esa es precisamente una de las preocupaciones.
“El punto es que tanto esos dineros efectivamente van para la implementación del acuerdo y es donde nos aparecen dudas. No hay manera de poder determinar, en forma precisa, cómo es que esos recursos van a ir a implementar puntos del acuerdo”, señala Jairo Estrada, miembro del comité técnico de seguimiento de los acuerdos.

Para los miembros del partido FARC, el hecho de trasladar a los alcaldes la responsabilidad de ejecutar estos planes de desarrollo es un error del gobierno Duque.
“Los Pdets apuntaban a solucionar los problemas que hay en las regiones, pero eso se desdibujó y ahora el gobierno habla es de la municipalización. Pero además no tienen presupuesto. El concepto lo desdibujaron porque es que los Pdets no están concebidos municipio por municipio, son zonas donde había que focalizar los esfuerzos para producir transformaciones”, indicó Pablo Catatumbo, miembro del partido FARC.
Los Pdets son 16 subregiones priorizadas, 170 municipios, 11 mil veredas, 305 consejos comunitarios, 452 resguardos indígenas y seis zonas de reserva campesina ubicados en las zonas más afectadas por la violencia y el florecimiento de los cultivos ilícitos.

Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, cuenta que en la zona del Catatumbo funciona uno de los planes piloto.
“Hemos aprobado durante esos seis meses casi tres billones de pesos en ejecutorias. De eso hemos focalizado mucho lo que el presidente llamó el Catatumbo Sostenible. Allí hemos logrado, dicho por los alcaldes de la región, en este año más de lo que se había logrado en los últimos 16 años”, indicó Archila.
Según el consejero, en esta región se han invertido más de 50 mil millones de pesos en vías terciarias, se han construido más de 20 acueductos y 2.500 hogares contarán con energía eléctrica.

En el sur del Tolima, Noticias Caracol visitó otra zona Pdet. La componen cuatro municipios: Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco, allí las comunidades plantearon, como una primera fase del plan, sus necesidades más apremiantes. Luego fueron aterrizadas con las alcaldías en cuatro pactos municipales, uno por cada municipio, dice la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, seccional Tolima.
Una carretera en mal estado lleva al corregimiento de Berlín, municipio de Ataco, otra población Pdet que carga con una larga historia de violencia por el conflicto armado en el sur del Tolima.

Una de las particularidades del corregimiento de Berlín, en el municipio de Ataco, es que aquí conviven 18 excombatientes de las FARC con los habitantes del pueblo. Tanto ellos, como los pobladores, le piden al gobierno que implementen rápidamente los acuerdos de paz firmados en La Habana.
“No tenemos tierra donde instalar los proyectos productivos porque nos dicen ustedes tienen un proyecto de ocho millones pero la tierra… no nos dan solución a la tierra”, explica.
Hay que recordar: la tenencia de la tierra fue una las causas del conflicto armado, la paz con legalidad que pregona el gobierno Duque, en opinión de varios analistas, todavía deja muchas dudas en su implementación.