Avanza la audiencia en la que la Fiscalía solicitó que tres patrulleros de la Policía Nacional involucrados en el incendio del CAI San Mateo , en Soacha, sean enviados a la cárcel. Esa conflagración cobró la vida de ocho personas que estaban detenidas.
Durante la diligencia, el ente investigador reveló el testimonio de uno de los sobrevivientes. El joven, hasta hace 15 días, estuvo hospitalizado por las graves quemaduras que sufrió en ese incidente. Según su relato, los uniformados los trataban mal y se tardaron más de 15 minutos en rescatarlos.
“Esos gritos de auxilio no fueron escuchados ni por el señor custodio Jorge Eliécer, que tenía las llaves de esa celda, ni por la señora subteniente, que era la que lideraba en ese momento. La subteniente, que era la de mayor rango, tenía la obligación de impedir el resultado, pero no lo hizo”, indicó la fiscal.
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En otras imágenes se puede ver cómo se inician las llamas en la celda del CAI. El ente investigador puntualiza que ninguno de los patrulleros impidió que el fuego se expandiera en el recinto.
“La llama fue adquiriendo fuerza. Trata de ser sofocada por el señor Alirio, que lanzó una cobija para asfixiarla, pero se eleva la llama en ese momento”, dijo la fiscal.
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La Fiscalía afirmó que los uniformados pudieron detener el fuego o sacar a los detenidos de sus celdas.
“Subteniente Aleida, por ningún lado escuchamos su voz tomando el control de lo que se está presentando en ese momento”, agrega.
Para los investigadores es reprochable la actitud de los uniformados, quienes, al parecer, no tuvieron en cuenta el estado de indefensión de los detenidos.
“Ninguno de ellos corrió a quitar esos candados para poner a salvo a las 11 personas encerradas. Eso les impedía defenderse o hacer una acción para evitar ser víctimas del incendio”, concluyó la fiscal.
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Otras de las pruebas de la Fiscalía son entrevistas a testigos y a sobrevivientes del hecho, quienes dan cuenta de las irregularidades, como que se les permitía ingresar encendedores, elemento con el que se originó el incendio.
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Los abogados de los patrulleros aseguran que sus defendidos no tienen entrenamiento para cuidar a personas privadas de la libertad. Se espera que el juez determine si los envía a la cárcel o no.