Escándalo en Cartagena: Contraloría cuestiona el salario de la primera dama

La Contraloría Distrital de Cartagena le puso la lupa al salario de Cynthia Pérez Amador, la primera dama de la ciudad, después de la denuncia de un presunto detrimento patrimonial de 33 millones 600 mil pesos.

Según esta entidad, Pérez Amador no ostenta ni los títulos ni la experiencia para ganarse un salario de 7 millones de pesos al mes. Un veedor ciudadano alertó sobre la presunta irregularidad.

Freddy Quintero, contralor distrital de Cartagena, habló sobre cuál debería ser, según las resoluciones, el salario de la primera dama.

“La señora, según una resolución emitida por el distrito de Cartagena y según los requisitos académicos, solo tendría derecho a honorarios de 2 millones 200 mil pesos y en este momento le están pagando, a través de un contrato de alta confianza, un salario que llega a los 7 millones”, explicó Quintero.

El contralor expuso que la primera dama no tiene un rótulo que la haga acreedora de un salario de esa magnitud: “La mujer no tiene calidad de científico, músico o artista para aplicar a un contrato de alta confianza, el cual genera ese tipo de honorarios”.

Según la denuncia de Wilmer Sánchez, veedor, el contrato de la primera dama generó un presunto detrimento patrimonial de más de 33 millones de pesos.

William Dau, acalde de Cartagena y esposo de Cynthia Pérez Amador, explicó por qué su cónyuge tiene honorarios de esa índole.

“Es una persona muy valiosa. Independiente de que no tenga los títulos que requiera para un contrato una OPS alto valor, ella cumple de sobra con los requisitos para tener un contrato de alta confianza”, expuso el mandatario.

Pese a que el equipo periodístico de Noticias Caracol trató de contactarse con la primera dama, ella se negó a dar declaraciones por recomendación de su abogado.

La Contraloría investiga a Cynthia Pérez Amador por los delitos de presunta falsedad ideológica y material en documento privado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal para obtener un contrato estatal.