Sobre las implicaciones jurídicas en el caso de Nicolás y Juan Fernando, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, los expertos aseguran que lo único que podría traer claridad sobre la situación es una investigación de la Fiscalía que sea transparente, oportuna y recolectando todas las pruebas.
Para los conocedores de temas jurídicos, lo mejor que puede ocurrir ahora es acelerar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tanto en las denuncias sobre supuestos sobornos para acceder a la paz total como del presunto ingreso de dineros de sectores ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
“Sí, estamos frente a algo que puede ser grave, puede afectar la credibilidad del gobierno, no la responsabilidad personal del presidente, pero sí amerita una investigación pronta, urgente y muy seria por parte de la Fiscalía”, dijo Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general.
Políticos y analistas coinciden en que los rumores sobre recepción de dineros del narcotráfico por parte del hermano y el hijo del presidente Petro podrían convertirse en un nuevo proceso 8.000, como se conoció el escándalo que enfrentó el entonces presidente Ernesto Samper, cuando se supo que el Cartel de Cali entregó seis millones de dólares para su campaña política, recursos que, según lo que dijeron las investigaciones en ese momento, no conocía Samper, aunque sí se condenó al exministro Fernando Botero.
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“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de la elección del presidente y genera un escándalo, que solamente me parece comparable al proceso 8.000, donde teníamos un presidente cuya campaña había sido financiada por los dineros del narcotráfico”, afirmó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Sin embargo, los expertos dicen que, a diferencia del proceso 8.000, hoy se cuenta con herramientas que puedan llevar a una investigación mucho más rápida y expedita.
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“La Fiscalía tiene una gran oportunidad de darle unas respuestas inmediatas al país, hoy en día incluso hay muchos más elementos técnicos para la investigación de los que había digamos en el proceso 8000”, indicó Alfonso Gómez Méndez.
“Una política que tiene que tragar con delincuentes de la peligrosidad y la dimensión como es el narcotráfico y el delito organizado que tanto ha aquejado a Colombia puede haber generado irregularidades, sobornos, dineros calientes que mueven los intereses de los narcotraficantes. De manera que bienvenida la solicitud del presidente de que se investigue y se aclare si las cosas están bien o si por contrario, por desgracia, hubo irregularidades”, expresó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.
Los juristas coinciden que el pedido del presidente para que se realice la investigación debe arrojar resultados rápidos para evitar que el país siga por la ruta de los rumores que pueden afectar la verdad.
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