En las zonas más apartadas de Colombia, donde se realizaría la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato , la sensación de los habitantes frente al decreto que reglamenta esta práctica es de incertidumbre y preocupación. En Nariño, hay temor por sus consecuencias.
“La vivimos en el 2005 y fue muy fuerte, se afectó todo, todo, no solamente la coca, sino los productos agrícolas y todo el municipio quedó, como se dice, totalmente frío, sin saber qué hacer”, señaló Rocío Solarte, habitante del Peñol.
Según las Naciones Unidas, Nariño es uno de los departamentos con más cultivos de coca de Colombia y muchos campesinos alegan que este es su modo de conseguir el sustento, ante la falta de alternativas.
“Los cultivos de uso ilícito de donde superviven, al menos en Nariño, más de 70 mil familias de pequeños productores, indígenas, campesinos y afrodescendientes, que no tienen otra alternativa diferente”, aseguró Hárold Ruiz, líder social.
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Para el Centro de Pensamiento de Justicia, que apoya el proceso jurídico para la defensa de las comunidades, el decreto no cumple los requisitos.
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“Genera muchos vacíos al respecto y genera un mecanismo de quejas, cuando ya el daño ha sido causado. O sea que básicamente acepta que existe un grado de daño y daños que son inaceptables. Recordemos que los daños del glifosato tienen que ver con cáncer, abortos, pérdida de fertilidad en el presente y generaciones futuras”, dijo Isabel Pereira, directora de Dejusticia.
Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, señaló que, más allá del decreto, este mecanismo no es efectivo.
“Es un error por parte del Gobierno Nacional insistir en una política que, según se ha demostrado en varios estudios académicos que hemos hecho muchas personas en Colombia y por fuera, es inefectiva para eliminar una hectárea de coca a punta de aspersión área”, dijo.
Anotó que para ello “se necesita asperjar cerca de 33 hectáreas, con un costo que oscila entre los 60.000 y $110.000 dólares por hectárea”.
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Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, señaló que “ante todo es una decisión profundamente antiética”, porque, según cientos de evidencias en el mundo, “el glifosato es de alto riesgo para la vida y para la salud”.
Por su parte, el Gobierno asegura que este sistema de fumigación es necesario para erradicar 154 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país.
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