En las últimas horas se informó que en Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare, había 18 militares retenidos que hacían parte del dispositivo de seguridad para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
El Ejército Nacional reportó que los soldados habían sido agredidos física y verbalmente por comunidades campesinas, al parecer, bajo presiones del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco que delinque en esa zona.
En un comunicado de las Juntas de Acción Comunal y organizaciones campesinas reconocen que tienen a los militares. Incluso, recalcaron que este “es un cerco humanitario” para exigir que el Gobierno nacional revise las acciones de la fuerza pública porque, según ellos, los uniformados han venido amedrentando a la población civil en medio del despliegue de tropas.
El jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las FARC, Camilo González Posso, se pronunció y resaltó que a la zona de San José del Guaviare “ha viajado un mecanismo de contingencia integrado profesionalmente con Naciones Unidas, la Misión de Verificación, la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia para que se establezca la situación y se ayude a la libertad de los militares retenidos”.
Este no es el primer hecho en contra de la fuerza pública que ha ocurrido durante este fin de semana de octubre, pues en Briceño, Antioquia, un grupo de soldados del Batallón de Artillería de Campaña Nº 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez se encontraba desplazándose para “adoptar el dispositivo de seguridad de los comicios en las veredas El Roblal, Travesías, Los Naranjos y Cucurucho, del municipio de Briceño” cuando fueron “rodeados por cerca de 150 personas”.
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Allí, según reportaron las autoridades, a los soldados “les hurtaron algunas de sus pertenencias y les impidieron cumplir con la misión asignada”.
Aunque los comandos a cargo de los 18 militares retenidos en San José del Guaviare no se han pronunciado al respecto, porque están a la espera de poder lograr la liberación de los uniformados, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, en una comunicación interna con sus generales y almirantes, dijo que están viviendo tiempos difíciles que requieren de mucha previsión y les ordenó que “los actos que constituyan obstrucción al cumplimiento del mandato constitucional, violencia contra servidor público, los que afecten a la población civil, deben ser detalladamente documentados ante todas las situaciones que se vienen advirtiendo, ocasionadas por parte de los grupos armados al margen de la ley. Es crucial que nuestros asesores jurídicos elaboren las denuncias ante las autoridades competentes”.
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