En Murindó siguen confinados 1.200 indígenas por minas antipersonal

La violencia y la angustia no cesan en el municipio deMurindó , en el Urabá antioqueño , donde 1.200 indígenas continúan confinados por temor a caer en las minas antipersonal sembradas, al parecer, por disidencias de las FARC.

Y una minga indígena anunciada, de la que hicieron parte 120 integrantes del resguardo, no pudo dar solución a los problemas que aquejan a las ocho comunidades que habitan la zona de los ríos Murindó y Chageradó.

“Se lograron reunir alrededor de 120 personas entre mujeres, hombres y guardas indígenas que lograron llegar hasta la comunidad gua gua, del resguardo río Murindó, donde suspendieron la minga luego de que las organizaciones internacionales que están haciendo acompañamiento a la comunidad les hicieran un llamado y les solicitara cancelarla por el alto riesgo que podrían correr las personas”, dijo Wilfer Sánchez García, vocero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

El regreso de los grupos al margen de la ley al Urabá antioqueño generó que nuevamente los indígenas quedaran confinados debido a que la delincuencia minó algunas vías de acceso a los resguardos.

“La movilización hacia fuera también está vedada, por lo que las comunidades están confinadas en su territorio sin qué comer”, denunció el vocero de la OIA.

Son más de 1.200 los indígenas que no han podido salir a cazar, pescar o visitar sus cultivos.

“Nos ha llegado reportes de que los plátanos se están madurando en sus plataneras, no han podido acceder a sus cultivos de pancoger, tampoco acceder al río a pescar”, agregó.

Luego de las denuncias, el Ejército Nacional llegó hasta la zona.

“Nos encontramos en el municipio de Murindó desarrollando tareas de control territorial para la protección de la soberanía y de las comunidades indígenas que se encuentran en nuestra jurisdicción”, dijo el coronel José Luis Bastidas Moreno, comandante de la Brigada XVII del Ejército.

Según expertos en seguridad, los grupos dedicados al narcotráfico estarían presionando a las comunidades indígenas para que abandonen sus territorios y así poder convertir estas zonas en rutas de la delincuencia.

“Estos territorios son utilizados no solo para el sembradío de cultivos ilícitos, sino para la elaboración de pasta de base y de la propia cocaína. Igualmente, son utilizados como rutas de salida de esa mercancía y acaparamiento”, opinó Jhon Marulanda, experto en seguridad.

Durante el año 2020, seis indígenas murieron por minas antipersonal, dos de ellos, eran menores de edad. El Bajo Cauca, occidente y Atrato medio, son las regiones indígenas más afectadas por la presencia de grupos armados al margen de la ley.

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