Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos, contó lo que se vivió en el aire cuando fue atacado el helicóptero en el que viajaba la comisión
que también integra la Fiscalía General de la Nación y el ICBF para investigar las amenazas de militares a la comunidad de Bocas de Manso en Tierralta, Córdoba.
El funcionario recordó que llevaban unos 35 minutos de vuelo cuando “fuimos informados por parte de la tripulación que habíamos sido atacados en la aeronave, por lo cual se generó el alistamiento propio de las dos ametralladoras para contrarrestar este ataque, aunque no fue necesario su uso, y estábamos en la maniobra casi de aterrizaje o acercándonos a la vereda Bocas de Manso, zona rural de Tierralta, lo cual generó que tuviéramos que trasladarnos a la base militar más cercana en Carepa, Antioquia, sede de la Brigada 17”.
La comitiva que investigará lo ocurrido con los civiles agredidos por militares espera poder trasladarse al sitio este jueves, pero “todo dependerá del concepto de seguridad operacional por parte del Ejército Nacional. El señor comandante de la Séptima División nos indicó, una vez desembarcamos ayer en la aeronave nuevamente en Montería, que hoy fortalecerá el componente militar con helicópteros, con más tropas, con más pelotones y nos informará si existen las condiciones para que esta comisión, integrada por Fiscalía General de la Nación y Procuraduría, así como ICBF, pueda llegar allí, hasta esta zona donde está la comunidad indígena”.
El procurador delegado aseguró que continuará “con un auto de apertura de indagación previa en el cual hay ordenadas unas pruebas y es nuestro deber constitucional y legal practicarlas, por supuesto, si las condiciones de seguridad y climatológicas lo permiten”.
Tras el ataque al helicóptero, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que "no existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército no le da garantías de seguridad a la justicia, a la Fiscalía”.
Manifestó, además, que junto a la procuradora Margarita Cabello Blanco, enviarán una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresarán la preocupación que los embarga porque los servidores de ambas entidades "no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones en el territorio nacional".
Por su lado, la procuradora Cabello expresó estar "muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy. Conversé con el comandante del Ejército, el general (Mauricio) Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando".
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El fiscal Barbosa pidió que fueran interrogados 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón 83 de Infantería de la Brigada 11 en el marco de esta investigación.
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