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En Colombia hay más de un millón de personas que nunca ha sacado su registro civil, su tarjeta de identidad o la cédula. Esto implica que el Estado no tiene cómo saber quiénes son, cuántos son y en qué parte del país se encuentran. Noticias Caracol acompañó al registrador, Hernán Penagos, en uno de sus recorridos para encontrar a esos colombianos sin identificación.
Uno de esos territorios es Puerto Merizalde, un corregimiento de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. La única manera de llegar a ese lugar es navegando en mar abierto por el océano Pacífico. Los botes o las chulupas salen en la madrugada, cuando el cielo aún está púrpura. En total, son dos horas y media de viaje desde Buenaventura hasta entrar a la bocas del río Naya.
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Este pueblo, adornado por un laberinto de agua y espesa vegetación, es la frontera, el límite, entre el Valle del Cauca y Cauca. Queda sobre el Andén del Pacífico. Para los lugareños, el río y el mar lo es todo. La población pegó con sus propias manos las casas hechas de madera y, aunque no tienen acueducto, alcantarillado, vías, internet y la energía es intermitente, viven una vida aparentemente tranquila.
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¿Qué se puede hacer?
El puerto cuenta con tres mil habitantes, y hace parte de la llamada ruta de identificación. Más que un trabajo, es una odisea que lidera el registrador Hernán Penagos para encontrar a aquellos colombianos que nunca han tenido un registro civil, una tarjeta de identidad o una cédula.
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"Hemos hecho cerca de 800 jornadas de identificación y registro. Hemos atendido más de 100 mil personas en lo que va corrido del año. Hemos crecido en tres meses y medio lo que se ha hecho en un mes anterior porque esto lo estamos haciendo en los lugares más apartados... Hemos estado en el Guainía, en el Amazonas, en Mavecure, en la Sierra Nevada... Yo he visto familias con tres generaciones sin documentos: la abuela, la hija y la nieta", comentó Penagos en conversación con Noticias Caracol.
Ante la pregunta si el subregistro puede ser muy alto, el funcionario no duda en responder: "Sin duda. Yo calculo que en Colombia el subregistro entre personas que no tienen un documento, de personas que no tienen un documento o personas que no han sido registradas, es superior al millón de personas".
Una situación que, explica, tiene varias implicaciones: "No están en el censo electoral, tampoco están en el censo poblacional, no reciben auxilios sabiendo que son las personas que más necesitan en el país, las más pobres... significa que no llegan los servicios del Estado".
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Y es que, en pleno siglo XXI, legalmente no existen como ciudadanos porque el Estado colombiano no tiene cómo saber quiénes son, cómo son y dónde están.
El proceso de registro es largo y puede tardar varias semanas. En Puerto Merizalde las personas se dejan tomar la foto obligatoria, prestan sus manos para tomar sus huellas dactilares y una bacterióloga les certifica su grupo sanguíneo. Todo lo que lleva un documento como la cedula de ciudadanía, que allá solo la tienen los que pueden pagar $200.000 pesos para ir hasta Buenaventura.
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"Acá hay un caso especial. Una señora tiene 57 años, y hasta ahora obtiene su registro civil, es decir ha pasado toda su vida sin registro civil, ni cédula", comenta el registrador, quien dice que, como ella, son "colombianos que son colombianos y que no están en los censos ni nada".
Otro interrogante sobre la mesa es si no es más fácil abrir una sede de la Registraduría allí. Penagos respondió: "Tiene algunas dificultades y traerlos a estos lugares es imposible porque no hay conectividad. Segundo, porque no hay servicio de energía y, tercer lugar, porque no es fácil tener aquí persona trabajando de tiempo completo".
Al respecto, también habló sobre el presupuesto, que para el 2025 será un tema de tensión porque el bolsillo de esa entidad estará golpeado. "Necesitamos para estas jornadas 40 mil millones de pesos, hoy solo tenemos ocho mil", explica Penagos, quien añade que, en general, la entidad que preside necesita "3,2 billones, que es la cifra para poder llevar a cabo todo el proceso electoral contractual del 2026. El próximo año toda la logística debe contratarse, ese recurso lo necesitamos para preparar con tiempo y tener los servicios electorales impecables".
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El registrador fue enfático cuando se le preguntó qué pasaría si la entidad recibe una cifra menor de dinero: "Es imposible, sin esa plata es imposible llevar el proceso electoral".
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Penagos, en esa línea, defiende sin titubeos el sistema electoral colombiano, dice que es seguro y un ejemplo para el mundo. También responde a aquellas voces que piden copiar el sistema electoral de Venezuela:
"En Venezuela no se han reconocido la elecciones por un tema elemental: porque no se conocen las actas electorales, ni fueron publicadas. Las actas electorales son la evidencia para poder acreditar un resultado electoral, y en el vecino país no se han podido conocer. Es difícil decir que ese proceso es impecable. En Colombia, para el año 2026, vamos a publicar en el tiempo justo y real todas la actas electorales, no solamente los E-14 sino las actas de transmisión, etc. Los ciudadanos, las organizaciones políticas, van a poder acceder a todas y cada una de las acatas de las 120.000 mesas que se van a instalar para las elecciones de marzo. Esa es una garantía plena y absoluta", aseguró el registrador.
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Penagos es consciente de que el tiempo se agota. Ya cumplió un año al frente de la entidad y todavía son varias las tareas pendientes. Otra misión que le quita el sueño es reducir la abstención electoral, es decir convencer a los colombianos para que ejerzan su derecho al voto. Sin duda, este es un reto nada fácil para un hombre como él, que proviene de esas clases políticas en las que justamente el colombiano de a pie poco o nada les cree.
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