Comunidades en el sur del Chocó
han manifestado que continúan los enfrentamientos entre grupos armados en la zona y que por ello, a pesar de que hay libre movilidad por el río San Juan y sus afluentes, han tenido que estar confinados o han sido desplazados.
El consejero de Derechos Humanos del Gobierno Mayor Indígena del Chocó, Luis Ángel Gindrama, denunció que “la disputa que hay en el departamento es impresionante por parte de los grupos al margen de la ley”. A su vez, le hizo un llamado al Gobierno nacional y a las demás instituciones para que, de manera inmediata, “emprendan soluciones urgentes para que atiendan esta crisis humanitaria".
Además, este líder denunció que las autoridades del departamento tampoco están garantizando la seguridad para proteger a las comunidades debido a que “la intervención del narcotráfico, narcoparamilitarismo, narcoguerrilla en el Chocó es evidente. La minería de explotación forestal es ilegal en el Chocó y hoy Codechocó (máxima autoridad ambiental en el departamento) no funciona, no controla".
Entre tanto, las familias de Noanama, San Miguel y Negría continúan confinadas, pero a esta problemática se suma que 1.200 personas de Sipí llegaron a estos territorios desplazadas, lo que agrava más la situación porque viven en condiciones precarias.
Felipe Martínez, el representante del Consejo Comunitario General del San Juan, sostuvo que a pesar de que se pudo llegar a cada una de esas comunidades con ayudas humanitarias, aún no se han podido entregar medicamentos a los desplazados y a aquellos que están confinados.
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El clamor de los chocoanos al Gobierno nacional es que cese la guerra para que retorne la paz a sus territorios, así lo manifestó la representante a la Cámara por el Chocó Astrid Sánchez: “¡No más hostilidades, no más venganza, no más violencia, no más ataques a la población civil, basta ya!”.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas también denunció el confinamiento de ocho comunidades en el resguardo Jurubirá, Chorí, en donde el ELN y Clan del Golfo también se disputan el control por el territorio.
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Y el panorama parece oscurecer aún más, pues tras el levantamiento del paro armado por parte del ELN en el Chocó, autoridades alertan del incremento del reclutamiento infantil y deserción escolar en esta zona del país. Expertos sugieren implementar políticas públicas que frenen este flagelo.
“La disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha generado desplazamiento y confinamientos masivos, reclutamientos de niñas, niños y adolescentes y extorsiones problemáticas medioambientales”, contó el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo.
En el transcurso de este año, de acuerdo con datos de la Procuraduría, 58 menores han sido rescatados del reclutamiento.
A esto se le suma una dura realidad: según la Secretaría de Educación de Chocó, la deserción escolar, durante el 2022, alcanzó un 54%, lo que representa 6.019 estudiantes en toda la región que dejaron de asistir a sus clases por desplazamiento forzado o reclutamiento.
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Jorge Marntilla, experto en seguridad y conflicto, asegura que “en este momento no existe una política pública de prevención de reclutamiento forzado, pero, además, esta política debería estar acompañada de fortalecimiento del gobierno propio y fortalecimiento comunitario”.
Para los expertos en conflicto de cara a la política de paz total, el Gobierno debe exigir a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario.
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