En Cauca piden comisión de verificación ante combates de disidencias de las FARC y el ELN

Líderes indígenas en el departamento del Cauca le solicitaron al gobierno departamental y nacional una comisión de verificación urgente en zona limítrofe entre los municipios de Jambaló y Caldono, donde la fuerte presencia de las disidencias de las FARC y el ELN tiene con temor a la población por la reanudación de una confrontación armada fuera de control.

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Edwin Capaz, consejero mayor del CRIC, pidió a “los organismos internacionales, al gobierno nacional y al Estado colombiano para adelantar acciones de prevención para las comunidades que hoy han sido declaradas en emergencia, y que de alguna forma están preparándose para resistir a una inminente reanudación de acciones violentas en sus territorios”.

De desatarse combates entre estos grupos amados, nueve veredas estarían en riesgo y tres de ellas tendrían que ser evacuadas por completo.

“Si hay enfrentamientos el común denominador de toda actividad armada entre dos grupos de esa naturaleza pues genera inmediatamente un desplazamiento, bien sea cabecera o algún corrimiento cercano”, recalcó Daniel Molano, defensor del pueblo regional Cauca.

Ante la petición de una comisión de verificación, el gobierno departamental ya adelanta acciones para atender el llamado.

“Se han venido haciendo gestiones desde diferentes instancias para que en próximos días se realice una comisión humanitaria en el municipio de Caldono y Jambaló. Ahí van a estar autoridades de los diferentes niveles de gobierno en cabeza del Ministerio del Interior, y se buscan de esta manera asistir desde el punto de vista humanitario a las comunidades”, señaló el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar.

La disputa armada en los territorios deja hasta el momento más de 300 desplazados y 700 estudiantes sin el servicio escolar, a parte de una alarmante cifra de reclutamiento infantil en la zona.

Organizaciones sociales exigen a grupos ilegales parar ataques

En días pasados al menos 30 organizaciones sociales, comunitarias y campesinas le dirigieron una carta a los grupos armados ilegales que están en diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro para pedirles de manera urgente que paren las acciones contra la población civil.

La misiva fue firmada por organizaciones de toda Colombia, sobre todo de zonas donde hoy se presenta una profunda crisis humanitaria como consecuencia de una escalada violenta que no respeta a la ciudadanía.

El mensaje iba directo a grupos como las AGC o Clan del Golfo, las disidencias de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor central, las autodefensas de la Sierra Nevada y grupos organizados que delinquen en las capitales. Las organizaciones pidieron que sea escuchado el clamor de quienes viven en medio del fuego cruzado.

“Señoras y señores delegados de los grupos armados no estatales y del Gobierno Nacional, es la hora de escuchar el clamor social, pactar y avanzar en la instalación del cese al fuego y de hostilidades bilateral, que se convierta en cese multilateral que tenga como finalidad la garantía de la vida y la permanencia en los territorios”, dice un aparte.

Luis Emil Sanabria, presidente de Indepaz, señala que “sigue siendo muy difícil cuando convocamos reuniones. Por ejemplo, la gente no alcanza a llegar, hay retenes, hay amenazas, hay asesinatos, líderes y lideresas constantemente caen en medio también del conflicto. Sigue habiendo toma de escuelas, siguen minando los caminos y eso impide realmente que las organizaciones podamos hablar”.

Dicen estas organizaciones que, a pesar del cese al fuego pactado con algunos grupos armados ilegales, este no se estaría respetando.

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