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El conflicto armado en la región del Catatumbo, en Colombia, ha alcanzado niveles alarmantes, obligando a cientos de familias a huir de sus hogares. En Tibú, Ocaña y Cúcuta, ya son 280 familias las que han tenido que dejarlo todo para resguardarse en refugios habilitados por el gobierno y las administraciones locales. Esta situación ha generado una crisis humanitaria que requiere atención urgente y coordinada.
Las autoridades de San José de Cúcuta han declarado una emergencia para poder atender a un promedio de 500 personas. En las últimas horas, han llegado 200 desplazados, de los cuales solo 40 han solicitado atención especializada. El costo mensual para el municipio de Cúcuta para atender a estas personas podría ascender a 700 millones de pesos. En el Parque Santander de Cúcuta, se espera la llegada de cuatro autobuses con desplazados provenientes de municipios como Tibú, Teorama y El Tarra, todos afectados por la violencia en la zona del Catatumbo.
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La noche en la región del Catatumbo ha sido de mucha tensión debido a los fuertes enfrentamientos que se registran al amanecer. En el casco urbano de Tibú, los caminos están llenos de desplazados que llegan en busca de seguridad. Los alcaldes, personeros, gobernadores y ministerios hacen un llamado al gobierno para buscar soluciones inmediatas. En Cúcuta, las víctimas llegan con miedo, contando sus historias y esperando ser atendidas por la alcaldía, que se prepara para recibir a decenas de desplazados.
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, informó que 40 personas ya han dormido en hoteles de la ciudad, mientras que otras 160 se han refugiado en casas de amigos y familiares. Las comunidades indígenas también están desplazándose. Alexander Dora, coordinador de derechos humanos de la comunidad Bari, hace un llamado urgente debido a la agudización de la situación en los municipios donde reside esta población.
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Ocaña es el tercer municipio en recibir a quienes huyen de la violencia en el Catatumbo. El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, denuncia que algunas personas están aprovechando la situación para beneficiarse. La crisis humanitaria en Ocaña es evidente, con varias familias del Catatumbo refugiándose en el municipio y acudiendo a la institucionalidad para registrarse como población víctima.
En el Parque Santander de Cúcuta, se espera que a las 2 de la tarde se habiliten rutas especiales de atención para los desplazados que han salido de las zonas rurales del Catatumbo, donde permanecían confinados desde el pasado jueves. La alcaldía y la gobernación del departamento de Norte de Santander están disponiendo de todas las capacidades para atender esta emergencia, que podría agudizarse en las próximas horas.
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El precio que ha tenido que pagar la población civil por esta guerra es muy alto, no solo en términos de vidas perdidas, sino también por la crisis humanitaria que ha dejado en la región del Catatumbo. Las ONGs y líderes sociales denuncian el abandono del estado en medio de esta guerra, mientras los grupos armados se disputan los territorios y las comunidades quedan atrapadas en el fuego cruzado.
El Catatumbo es una de las regiones más afectadas por la guerra en Colombia. El ELN y las disidencias de las antiguas FARC son los grupos armados que actualmente se disputan el territorio, dejando un alto costo humanitario, violaciones de derechos humanos, miles de desplazados y confinados, y centenares de civiles muertos durante las últimas décadas.
Wilfredo Canizales, defensor de derechos humanos en Norte de Santander, describe la región como desmembrada y desarticulada, con un tejido social destruido. La ONG Vivamos Humanos reporta que desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, se han registrado 161 hechos de violencia, de los cuales 69 han sido acciones hostiles entre grupos armados ilegales y 92 violaciones a las medidas de cese al fuego. Las afectaciones humanitarias superan el 78%.
Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de la ONG Vivamos Humanos, señala que el Catatumbo es uno de los principales departamentos productores de hoja de coca y que también existen actividades de minería y cultivos de gran extensión. La tranquilidad de los habitantes de los 10 municipios del Catatumbo se ha visto empañada por la violencia, siendo Tibú, Convención, Ocaña y Teorama los más afectados.
Los líderes sociales también están en medio de este desastre humanitario. Wilfredo Canizales afirma que defender derechos humanos en el Catatumbo y en general en el departamento es un riesgo permanente, estando siempre en el filo de la vida y la muerte. Miles de campesinos y campesinas han sido despojados de sus tierras y obligados a salir de sus territorios, mientras que muchas mujeres han sido agredidas en su dignidad.
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Las organizaciones internacionales se han unido al clamor de las comunidades. La ONU ha hecho un llamado urgente a los actores armados no estatales en el Catatumbo para que respeten la vida e integridad de la población civil. Esta espiral de violencia tiene una base principal en la economía ilegal, con los grupos armados disputándose el control del territorio debido a la coca y el petróleo presentes en la región, así como su cercanía con las fronteras con La Guajira, Venezuela y Arauca.
(Lea también: Cinco claves para entender la ola de violencia en el Catatumbo por guerra entre ELN y disidencias)
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La economía de la región está profundamente ligada a los cultivos de coca. Históricamente, el Catatumbo se ha consolidado como uno de los territorios más fuertes en este tema, con al menos 56.933 hectáreas identificadas, según el último informe de las Naciones Unidas. Carlos Espítia, director de transformaciones territoriales para la paz de Indepaz, señala que estos hechos violentos persisten debido a la imposibilidad de los diferentes gobiernos de transformar la vulnerabilidad y las condiciones de debilidad de los territorios y sus habitantes.
Los principales corredores de movilidad en la frontera con Venezuela y la conexión de La Guajira con Arauca posicionan al Catatumbo como un eje geoestratégico clave para el narcotráfico. Las autoridades temen que estas millonarias rentas hayan exacerbado la inseguridad y el conflicto armado en la región.
Iris Marín, defensora del pueblo, advierte que la situación en el Catatumbo ya había sido alertada desde 2021. La última alerta de inminencia fue emitida el 15 de noviembre, señalando una expansión del frente 33 y una posible exacerbación de la tensión entre el frente 33 y el ELN, que habían tenido un acuerdo de coexistencia en el territorio.
El general Emilio Cardozo, comandante del ejército, explica que en la zona delinque el frente de guerra nororiental del ELN, con aproximadamente 2000 hombres, y una estructura del GAOR 33. La confrontación entre estos grupos se debe al control de las economías ilícitas, la expansión territorial y el control de la frontera. El ejército está realizando operaciones para proteger la infraestructura crítica y garantizar la seguridad de la población civil.
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La cruda realidad de quienes habitan en la región del Catatumbo es enfrentar constantemente el desplazamiento forzado, la muerte y el temor en un contexto marcado por la violencia y la disputa territorial. Los líderes sociales y las comunidades enteras continúan bajo amenaza y piden una intervención urgente de las autoridades, buscando algún día liberarse del yugo de la guerra.
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