Emergencia carcelaria en Colombia: ¿ha funcionado la medida decretada hace tres meses?

En febrero de 2024, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó la emergencia carcelaria en Colombia, en sus propias palabras, para garantizar la seguridad de los guardianes del Inpec ante amenazas.

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“Que declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria de tal modo que tengamos herramientas adicionales, no solo para mantener la disciplina carcelaria, sino para proteger la seguridad de las cárceles, la seguridad de los guardianes del Inpec y la seguridad de todo el sistema penitenciario”, manifestó el ministro Osuna el 10 de febrero de 2024.

La emergencia se firmó dos días después por el entonces director del Inpec, Daniel Gutiérrez, y se expresó que se necesitaba "superar la crisis por actos de violencia contra funcionarios públicos".

Hoy, tres meses después, las amenazas, los atentados y asesinatos se siguen presentando.

Javier Sarmiento, procurador para la Defensa de Derechos Humanos, manifestó que “van tres meses desde que decretaron una emergencia carcelaria por temas de seguridad en las cárceles y no conozco yo, por lo menos, como autoridad, acciones o un plan que lo hayan desplegado. ¿Qué hay que hacer? Entre otras ventajas de decretar una emergencia carcelaria es que pueden hacer contratación directa, adquisición de vehículos, renta de vehículos, contratación de empresas de seguridad para escoltas al personal”.

El ministro de Justicia Osuna respondió y dijo que la emergencia carcelaria en este tiempo ha facilitado la inversión en infraestructura, ha implementado nuevas medidas anticorrupción, medidas de bienestar al personal del Inpec y medidas de seguridad ante esta crisis.

“Ha habido 919 operativos de registro y control, lo que ha permitido incautar más de 5.000 teléfonos celulares y casi 5.000 armas blancas, pero, sobre todo, ha permitido identificar las 38 personas privadas de la libertad sobre las que tenemos indicios de que son quienes están promoviendo la extorsión desde las cárceles”, aseguró Osuna.

De acuerdo con la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP Nacional, a la fecha hay 27 funcionarios del Inpec que están amenazados de muerte y al parecer no tienen un esquema de seguridad.

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