En la mañana de este lunes, 15 de mayo, el ELN se pronunció nuevamente tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre esa guerrilla, con quien actualmente se adelantan conversaciones encaminadas hacia la paz. "La mesa de diálogos ha entrado en crisis", indicó el comando central de la organización ilegal.
En este nuevo comunicado, señalan que "las declaraciones del presidente interrogan de manera pública a nuestra delegación, se cuestiona su representatividad, por tanto el gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el gobierno".
A través de la misiva, el ELN se autodefine como "una organización nacional, que cuenta con una política nacional, normatividad jurídica, doctrina organizacional y jerarquías definidas donde todas sus estructuras están conducidas por una dirección nacional y un comando central elegidos democráticamente".
Declaraciones del presidente Petro no cayeron bien en el ELN
El comunicado del ELN de este lunes es el segundo en menos de 48 horas. El sábado, la delegación que está negociando la paz con el Gobierno Nacional respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la línea de mando que tiene este grupo armado ilegal.
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En un documento publicado el sábado por esa guerrilla, que tituló ‘Delegación del ELN le pide a Petro que cumpla con el Acuerdo de México’, aseguró que “las palabras del presidente de la República ante la cúpula militar deslegitiman la arquitectura institucional y el sentido político de la Mesa de Conversaciones de Paz con el ELN”.
Manifestaron en la misiva su “preocupación por las afirmaciones del presidente (…) en la reunión que mantuvo el viernes 12 de mayo con generales y almirantes de las Fuerzas Militares” e indican que allí hubo “cuestionamientos directos a la Delegación de Diálogos del ELN”.
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También hablaron de un “trato irrespetuoso y estigmatizante de nuestra organización", cuando se dice que no hay “conflicto de ideologías ni conflicto social”, sino lucha contra las “economías ilícitas”.
Para los delegados, esto “supone un cuestionamiento de fondo al sentido político de la mesa de diálogos y a toda su arquitectura, incluyendo la legitimidad de la Delegación del Gobierno, los países garantes, las organizaciones acompañantes (ONU y Conferencia Episcopal de Colombia) y los países acompañantes”.
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