El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, denunció que el ELN
amenazó al alcalde de Mistrató, Jorge Mario Medina, además de extorsionar a varias personas de la región y hacer reclutamiento forzado de menores de edad.
La guerrilla ha enviado “amenazas que le han hecho llegar a él (el alcalde) por escrito en varias ocasiones”, por lo que ahora está despachando desde la ciudad de Pereira, declaró el mandatario departamental en una rueda de prensa.
Tamayo también habló de las “extorsiones de las que han sido objeto mineros, campesinos e inclusive autoridades indígenas, que también están supremamente preocupadas por las actividades de este grupo subversivo”.
El ELN, además, “ha venido haciendo presencia en algunas instituciones educativas de esa región, en donde se han dedicado a hacer un censo de los estudiantes que allí están participando de sus clases. Se ha evidenciado cómo a algunos jóvenes se les está ofreciendo un millón de pesos para que entren a engrosar las filas de este grupo armado”, dijo.
El gobernador de Risaralda aseguró que “este grupo subversivo está violando completamente el derecho internacional humanitario porque se está presentando una expansión territorial que no puede ser” y denunció “la violación al cumplimiento del cese al fuego”.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y el ELN del cese al fuego bilateral
“implica el respeto al derecho internacional humanitario y es evidente que cualquier tipo de acción de esa naturaleza está claramente proscrita. Ni el secuestro ni la extorsión caben”, según explicó en agosto pasado José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro del equipo negociador del Gobierno con esa guerrilla.
Mistrató, donde se han reforzado las medidas de seguridad, se encuentra entre las zonas de riesgo de las próximas elecciones regionales, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
La entidad señaló que los departamentos donde los candidatos están presentando mayores dificultades para hacer campaña son Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Orinoquía, Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, declaró que dentro de los asuntos que más preocupación causan están los confinamientos a comunidades, el reclutamiento forzado y las amenazas a las campañas de más de 92 candidatos en 22 departamentos.
El informe de la Defensoría del Pueblo indica que actores armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos del crimen organizado se han expandido un 56% en las regiones de Colombia.
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