Ocho de los veinte profesores que fueron amenazados y golpeados frente a sus alumnos por miembros del Clan del Golfo en el sector de Puerto Olaya, zona rural de Cimitarra, en Santander, fueron sacados de la población.
“Tuvimos que sacarlos inmediatamente, debido al riesgo que corrían. Se les dio estatus de amenazados y se les dio comisión en otro municipio”, detalló Jesús Suárez Carrillo, secretario de derechos humanos del sindicato de educadores.
Según el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, los señalados miembros del Clan del Golfo “han amenazado, han golpeado a los profesores delante de los niños, donde desafortunadamente lo que han querido es evitar que se desarrollen las actividades de clase y a su vez instrumentalizarlos para que pertenezcan a este grupo delincuencial”.
Pero no solo los profesores han sido intimidados, también ganaderos y comerciantes. "Ya posteriormente se extendió al rector del colegio, ya que esa banda criminal tiene pretensiones de poder tener en control la cooperativa del colegio”, dijo Henry Riaño, alcalde de Cimitarra.
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Óscar Sampayo, vocero de la corporación de DD. HH. Yariguíes, añadió que “hay toda una serie de asesinatos, de un aumento de estos hechos de violencia, donde hoy podemos sumar más de 50 asesinatos en Barrancabermeja, más de 30 asesinatos en San Pablo”.
De acuerdo con Juan Esteban Arenas, analista del observatorio de paz de la corporación Compromiso, dos serían las causas de esta reaparición de la violencia.
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Una, “un escenario de dinámicas del narcotráfico y microtráfico; y el segundo, que tiene que ver con la disputa por las rentas ilegales, pero ya en este caso específico de minería ilegal”, indicó.
Pese al conflicto, los estudiantes continúan sus clases, aunque con temor de padres de familia y docentes.
Situación en Cauca
También es preocupante el panorama en las poblaciones de Caldono y Jambaló, donde ha habido combates entre disidencias de las FARC y el ELN.
Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, informó que “se mantienen las alertas en torno a la presencia de actores armados ilegales, pero también la presencia del Ejército Nacional y las posibles e inminentes reanudaciones de combates en el sector”.
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Añadió que “hay alertas en los colegios del sector, en los centros asistenciales y en los que hoy estamos diciendo vuelven a resurgir los sitios de asamblea permanente que serían refugios humanitarios para que la población pueda desplazarse de manera interna a esos lugares”.
Y es que elementos explosivos han sido hallados cerca de una institución educativa y en zonas comunes, por lo que se generó la suspensión de las clases y el confinamiento de la comunidad.
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“Es absolutamente delicado, contrario a todos los principios del derecho internacional humanitario, violatorio, y creemos que el Estado colombiano debe actuar de manera rápida, coordinada y con la parte civil para generar desminado humanitario en el sector, es urgente”, clamó Capaz.
Tropas del Ejército Nacional intentan ingresar a la zona de conflicto para tratar de retomar el control y garantizar la seguridad de la comunidad indígena.
Clan del Golfo en Codazzi, Cesar
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, pues ese grupo ilegal ha hecho presencia en los barrios que están a las afueras de la cabecera municipal “para reclutar jóvenes y también a perseguir a otros en las mal llamadas ‘limpiezas sociales’”.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “advirtió que la situación tiende a agravarse, si se tiene en cuenta la orden de uno de los comandantes del frente Francisco José Morelos Peñate a los mandos de los dispositivos urbanos, entre ellos el de Codazzi, de arreciar con las acciones de exterminio social”, señaló el organismo en un comunicado.