Duras críticas a lo firmado entre Gobierno y ELN: “Tremendamente ambiguo y peligroso”

En medio de críticas y después de varias semanas de negociaciones en Caracas, las delegaciones del Gobierno y el ELN firmaron un punto clave para avanzar en las negociaciones de paz. Esta situación fue criticada por varios gremios, que expresaron sus inquietudes.

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Se trata del punto 1 de la agenda de negociación que se pactó en el acuerdo de México y que busca a través de 9 ejes de transformación que se les dé a las comunidades la oportunidad de exponer ante la mesa de negociación sus problemáticas, negociaciones y posibles salidas a la violencia.

Este comité nacional de participación operará con recursos de cooperación internacional y el Estado. Además, tendrá un seguimiento.

“En ningún proceso de negociación de ningún gobierno a lo largo de la historia que ya tiene el ELN de negociaciones se había llegado tan lejos en temas como cese al fuego. En la participación nunca se había llegado tan lejos y esto es fundamental, porque es la posibilidad de que la sociedad participe en la construcción de la paz”, indicó Vera Grabe, jefa negociadora del Gobierno con el ELN.

Los ejes de transformación en mención van desde el régimen político, que busca dialogar sobre la democratización de la sociedad, hasta reconciliación nacional y participación de mujeres.

También un modelo económico que consiste en impulsar la producción sostenible en el campo. Asimismo, una política ambiental para restaurar los derechos ambientales y frenar la deforestación.

Las críticas

No obstante, diferentes sectores gremiales del país expresaron su preocupación mediante una carta y argumentaron que consideran que las manifestaciones de voluntad de los sectores sociales se convertirían en mandatos obligatorios, algo que, según ellos, equivaldría a normas jurídicas que anularían el principio de separación de poderes, por lo que se pidió a la mesa aclarar el carácter de las decisiones tomadas en ese punto vinculante.

Aunque las delegaciones aseguran que es un hecho importante en las negociaciones con la guerrilla, no todos los integrantes del Gobierno firmaron el documento. Uno de ellos fue José Félix Lafaurie, quien manifestó que lo pactado está plagado de equívocos y desbordamientos.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, criticó el carácter vinculante y que entre lo firmado no se excluye la minería ilegal, la extorsión y los secuestros.

“Estos acuerdos deberán convertirse en políticas de Estado, públicas, pero evidentemente lo que uno se imagina es dónde queda el Congreso y la Constitución. Hay que ver cómo la gente se organiza. Ese documento, como lo solicitamos, no habla nada sobre minería criminal, no hace referencia a la extorsión, eso es como que a usted lo lleven a participar de un proceso con un fusil en la cabeza”, indicó Bedoya.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz con el ELN, dio su opinión sobre lo firmado: “Me suscita tres reflexiones. Creo que tiene un elemento positivo, es la primera vez que se concreta cómo va a ser la participación de la sociedad civil. El segundo comentario es que es tremendamente ambiguo y peligroso cómo quedó firmado el acuerdo. Lo que dice es que las conclusiones de los diálogos con la sociedad civil se llevan a la mesa y si están de acuerdo, se vuelven obligatorias, vinculantes y políticas de Estado. La última reflexión es que guarda silencio sepulcral sobre prohibición de secuestro, sobre la cual había dicho el Gobierno que no firmaría nuevos protocolos si el ELN insistía en los secuestros”.

Restrepo manifestó que lo que hay en lo firmado es un “vademécum de temas que se asemejan a lo que podría ser la agenda de una asamblea constituyente. Habla de reformar el régimen político, instituciones, modelo económico, modelo educativo, tratados internacionales, entre otros”.

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