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Víctimas expusieron la barbarie que vivieron y critican a victimarios por querer hacer creer a la justicia especial que secuestrados eran bien tratados.
Entre su largo etcétera de crímenes abominables en 52 años de guerra, fue quizá el secuestro el que más le costó políticamente a la exguerrilla de las FARC.
Las imágenes de soldados, policías y civiles pudriéndose en la manigua en esos campos de concentración, cercados por alambres de púas y fusiles a la distancia, encadenados a los árboles, burlando por igual pantanos, abismos y serpientes, con sus vidas detenidas en el tiempo todavía causan escozor y repudio mundial.
“Una cosa que me impresionó mucho cuando oía a la gente que estuvo cautiva en el Caquetá es que yo llegué a la casa y yo dije yo he oído esto antes, en otro contexto, pero dónde lo he oído antes. Y de pronto se me hizo el bombillo, y es la misma selva de ‘La Vorágine’, entonces saqué la vorágine y son las mismas plantas, es la misma dureza, es la misma selva que se tragó a Arturo Cova. Eso me ha impactado mucho”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
Es la magistrada de la JEP encargada de investigar la industria del secuestro en las FARC. Una práctica criminal que tuvo su pico a finales de los años 90, que reporta al menos 21 mil hechos atribuidos a esa organización y que fue usada para controlar territorios, castigar a la población civil, presionar el canje de prisioneros y cobrar millonarias extorsiones para financiar sus ejércitos ilegales.
Lemaitre y su colega Roberto Vidal están empeñados en documentar la tragedia del secuestro. Para ello han cruzado informes judiciales, confesiones de desmovilizados, las versiones individuales y colectivas de los excomandantes guerrilleros y los escabrosos relatos de las víctimas. Un universo enorme de información que están sistematizando para resolver de una buena vez esas preguntas que no logró sepultar ni la selva de La Vorágine.
“Vamos a poder completar la historia. O sea tenemos el relato de lo que vivieron las víctimas, pero las víctimas siempre tienen una parte del relato que no incluye un por qué, y es una cosa que quieren saber mucho: por qué me escogieron a mí, por qué me secuestraron a mí”, dice la magistrada.
Reconstruir ese tablero de vejámenes y almas horadadas por el conflicto no ha sido nada fácil.
Un secuestro es siempre un repertorio de humillaciones. La constancia de esas historias terribles está en la JEP. Por ejemplo, alguna víctima contó que le tocó pagar un rescate con la escritura de una finca y que las propias FARC la acompañaron a la notaría. Otra relató, triste, que pagó para reclamar el cadáver.
Cada historia revela lo peor de la condición humana.
Esto lo evidenció la jurista: “Una de las reglas que tenía la guerrilla es que los rasos no le pueden conversar al cautivo, solo los comandantes, y la razón es muy humana y es que se hacen amigos, lo cual es increíble. Es como que hay que prohibir la compasión”, dice.
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Las víctimas tienen todavía muchos reparos con el aporte a la verdad de sus victimarios. Más allá de sus solicitudes de perdón, les indignan sus discursos justificatorios y, sobre todo, que intenten hacerle creer a la JEP que la selva no era la selva sino una especie de hotel boutique.
“Lo que pasó aquí no fue un secuestro exprés ni un secuestro cinco estrellas como lo han querido hacer ver las FARC. Sino por el contrario fue un secuestro muy doloroso y muy tortuoso para nosotros como familiares y para ellos como víctimas directas de este hecho”.
Las palabras son de Carolina Charry, hija de Carlos Alberto Charry, uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados por las extintas FARC. Para ella resulta insólito que la antigua guerrilla en su versión de ese plagio reclame que siempre primó el buen trato como si hubieran sido los samaritanos del paseo.
Una irritación que comparten Angie Daniela Arandia y su madre, Marta Ospina. Veinte años llevan en la brega por saber qué le pasó al geólogo Gerardo Arandia, plagiado y desaparecido en plena zona de distensión.
“Lo mínimo que les pedimos en mi caso es la verdad, han sido demasiados años de zozobra, lucha, esperanza. Entonces mínimo la verdad, a ellos no les cuesta mucho, qué les puede costar, en cambio a nosotros sí nos puede sanar”, dice Marta Ospina.
Este divorcio entre los relatos de víctimas y victimarios es un desafío tremendo para la JEP.
La magistrada Lemaitre confía en que llegará al fondo de las verdades más terribles del secuestro. Ese crimen de guerra que convirtió a esas almas enjauladas en la selva en un botín de guerra.
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