Daniel Gilberto Álvarez Aya, un docente de la ciudad de Medellín, murió el pasado miércoles, 26 de abril de 2023, después de lanzarse del tercer piso del búnker de la Fiscalía de la capital antioqueña. El señalado extraditable
era requerido por las autoridades norteamericanas para comparecer por el delito de pornografía infantil.
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Álvarez Aya, quien era licenciado en educación básica con énfasis en inglés y tenía una especialización en TIC, se había desempeñado como docente en instituciones de educación superior como el CEIPA y educación para el trabajo como el Sena.
Actualmente, el individuo de 43 años tenía un contrato vigente con el Sena para ejecutar la formación de estudiantes en el Centro del Diseño y Manufactura del Cuero de la ciudad.
Según Blu Radio, el hombre era requerido en extradición por la Corte de Nueva York por el delito de pornografía infantil. Aunque el señalado extraditable se encontraba detenido en el CTI, su proceso lo llevaba la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá.
El día de la muerte, el hombre fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía de Medellín. En un video se observa cómo Álvarez, escoltado por dos individuos, camina por uno de los pasillos de la sede. Al llegar al inicio de las escaleras, el hombre toma impulso y en cuestión de segundos se lanza de cabeza al vacío.
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Las personas que lo custodiaban intentaron atraparlo, pero ya era muy tarde. Aunque los paramédicos le brindaron atención, el capturado murió de camino a un centro asistencial.
Aunque no se tiene claro si el individuo planeaba fugarse o si estaba decidido a terminar con su vida, la Fiscalía designó un equipo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para investigar los sucesos que llevaron a su muerte.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que “cualquier individuo que intente o conspire para cometer un delito de pornografía infantil también está sujeto a enjuiciamiento bajo la ley federal”.
Exponen que las imágenes relacionadas con pornografía infantil no están protegidas por los derechos de la Primera Enmienda y son contrabando ilegal. Este tipo de imágenes son definidas dentro del Código de Estados Unidos como “cualquier representación visual de una conducta sexualmente explícita que involucre a un menor (alguien menor de 18 años)”.
De igual manera, explica que quien viole dicha ley federal afrontará penas entre los 15 a 30 años de prisión.