El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC se atribuyó los actos terroristas ocurridos en el Catatumbo, dondeun camión de víveres fue incinerado por el no pago de una extorsión. Ese grupo armado ilegal indicó que los hechos los cometieron personas no autorizadas y se tomarán correctivos.
Este mensaje de las disidencias de las FARC se conoce justamente cuando culmina el tercer ciclo de negociaciones del Gobierno.
El acuerdo producto de este nuevo ciclo de conversaciones consta de ocho páginas. En él ratifican la prórroga del cese al fuego que termina el próximo 15 de julio de 2024. Para eso ya se emitió orden a todas las estructuras de este grupo.
Por escrito, reafirman la suspensión de “retenciones con fines económicos”, es decir, se comprometen a no secuestrar. También a prevenir el contacto armado, al retorno de civiles y combatientes, realización de corredores humanitarios y acatamiento del derecho internacional humanitario por parte de integrantes de sus estructuras.
Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, afirmó que “se profundiza el carácter territorial de la mesa con unos proyectos y planes específicos en lugares donde tiene presencia el Estado Mayor Central. Sin embargo, resulta preocupante que se hable de acuerdos de inmediato cumplimiento sin que se mencione la dejación de armas o desmovilización de EMC. Quedarían como una suerte de veedores armados de la implementación de estos proyectos”.
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En materia de los desaparecidos, las partes se comprometen a ayudar en la localización, búsqueda y coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Tanto los escoltas como protegidos, vehículos e instrumentos de la Unidad Nacional de Protección serán respetados.
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Se priorizaron seis zonas: Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander. Para el diálogo social y humanitario habrá participación de campesinos, indígenas, comunidades afrocolombianas, mujeres, jóvenes, víctimas y poblaciones vulnerables.
“Algo que va a potenciar mucho más esta mesa de negociación va a ser la incorporación de la participación de la sociedad civil en este proceso, que va a estar acompañado de una definición temática de lo que va a ser una agenda ambiental”, manifestó Francisco Daza, coordinador de Paz y Posconflicto de la Fundación Pares.
Pese a esto, en el acuerdo no hace referencia a las extorsiones o el respeto a la vida de los firmantes del acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016.
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