¿Dónde están las autoridades? Esa pregunta se hacen veedores de derechos humanos y organizaciones frente a la polémica inauguración a cargo de las disidencias de las FARC de una vía y un puente en Tibú, Norte de Santander. El alcalde de esa población tuvo que abandonar la zona hace un mes por amenazas.
Comunidad, líderes sociales y hasta dos sacerdotes estuvieron presentes en el insólito acto, que fue divulgado a través de redes sociales y que se llevó a cabo en las veredas Barrancas y Chiquinquirá.
Los religiosos que estaban en el evento, según trascendió, iban a realizar unas eucaristías de acción de gracias y, ya estando en las veredas, les pidieron que bendijeran las obras.
Tras esta denuncia, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, dijo que no tenía información sobre “las particularidades, hemos estado buscando una comunicación directa con las comunidades de esta zona para mirar en qué contexto se desarrolló ese video” con las disidencias de las FARC.
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No obstante, el funcionario afirmó que sí hay presencia del Estado en la región del Catatumbo, que 180 mil millones de pesos se invirtieron en la vía Ye de Astilleros y que el Instituto Nacional de vías ha dispuesto de 288 mil millones en el corredor Tibú-El Tarra-Convención.
De hecho, indicó Serrano que llegarán 700 docentes a la zona de Catatumbo, que se construirá la universidad de la región en el municipio de El Tarra y que próximamente se van a entregar cuatro puentes.
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Pese a esto, la presencia de las disidencias de las FARC en la inauguración de las obras de Tibú es vista por Diego Villamizar, veedor de derechos humanos, como un “hecho grave y vergonzoso. Esto demuestra el control territorial que tiene esta organización terrorista en Norte de Santander, pero lo más grave es que, por informes de inteligencia, el Gobierno nacional sabía que esta situación se iba a presentar”.
León Valencia, director de Pares, considera que “es una tragedia en el país que organizaciones ilegales entreguen obras a la comunidad porque quien debiera estar entregando obras es solo el gobierno, solo el Estado”.
Por eso, solicitó “que el presidente Petro abra las mesas de negociación y no les dé juego político a estas fuerzas si no se lo merecen”.
Lisbet Díaz, de la organización de Familiares de la Fuerza Pública, expresó su preocupación por “todo lo que sigue pasando en el Catatumbo y cómo los grupos ilegales se posesionaron de este territorio”.
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Para ella, “el abandono del Gobierno nacional a Norte de Santander ha dado pie para todo esto que se está presentando. ¿Cómo un grupo ilegal que presuntamente secuestra, asesina, hace atentados, está haciendo vías para la comunidad, cuando ellos realmente ni siquiera dejan llegar al Estado a que haga injerencia?”.
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