Por años las quejas de las víctimas sobre desapariciones, reventa y uso ilegal eran constantes. Consejo de la Judicatura ofreció colaboración en la investigación.
La Fiscalía realizó varias capturas de funcionarios de la rama judicial en Bogotá, señalados de participar en una red de corrupción que tenía como centro de sus actividades los parqueaderos judiciales a donde llegaban carros confiscados.
Carlos Enrique Másmela, director seccional de administración judicial de Bogotá; Fredy Antonio Tequia, de coordinación del área jurídica; Pedro Julio Gómez, director de la Unidad de Asistencia Legal y Salomón Motta, también de la unidad de asistencia legal fueron los capturados en las últimas horas en Bogotá por el CTI de la Fiscalía, señalados de ser parte de una organización delictiva que operaba en los parqueaderos judiciales.
Según las investigaciones, vehículos que deberían estar en bodegas judiciales eran alquilados, usados y en algunos casos vendidos por una red que involucraba a dueños de parqueaderos judiciales, policías y funcionarios del Consejo de la Judicatura.
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Como lo evidenció el programa Séptimo Día, los automóviles confiscados aparecían en otras ciudades porque dueños de las bodegas pagaban sobornos a policías para que descargaran las placas del sistema de automotores, permitiendo así que esos carros rodaran sin ninguna restricción.
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La Fiscalía tiene en su poder recibos que demuestran este tipo de sobornos, que involucran a cinco uniformados y más de 5.000 placas de vehículos denunciadas.
Al ver que sus vehículos desaparecían de estas bodegas, sus dueños denunciaban ante la Fiscalía a los parqueaderos, que aun así seguían siendo autorizados por Carlos Enrique Másmela, funcionario del Consejo Superior de la Judicatura.
La Fiscalía tienen pruebas de que Másmela habría recibido dinero a cambio de amañar resoluciones que favorecieron a estas cuestionadas bodegas.
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Másmela y los demás capturados tendrán ahora que enfrentar a la justicia por este proceso en el que están involucradas más de 20 personas.