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Aunque 3 funcionarias fueron judicializadas, 150 personas más hacen parte de la investigación. Al parecer, operaba desde 2014.
“Para no pagar 20, 40 millones de pesos, pagaban para que el funcionario público borrara esos comparendos en el registro Setty”, aseguró Jhon Fredy Encinales, director de fiscalías en Casanare.
Antonio José Ortega, contralor departamental, afirmó que encontraron un sinnúmero de resoluciones que fueron absueltas. “En especial temas relacionados con embriaguez”, dijo.
Una mujer prófuga, identificada como Rocío Martínez, sería el cerebro de este cartel, según las autoridades.
El detrimento patrimonial causado por este hecho de corrupción superaría los 1.200 millones de pesos.
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