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Las amenazas de grupos al margen de la ley contra líderes sociales y algunos habitantes de Peque, occidente de Antioquia, obligaron a que cerca de 100 personas salieran desplazadas de sus viviendas.
“Aproximadamente a unas 30 o 40 familias les tocó desplazarse de manera forzada al casco urbano del municipio, por lo tanto, la crisis se mantiene y es probable que algunas veredas estén en confinamiento”, denunció Yesid Zapata, representante del Proceso Social de Garantías de Antioquia.
Los más recientes enfrentamientos entre las autodefensas, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no solo han obligado al desplazamiento de la población civil, el personero del municipio de Peque también denunció amenazas contra su vida.
“Hemos sostenido un diálogo muy franco con él, entregándole medidas de autoprotección, así como también el nombramiento de un plan padrino para garantizar el ejercicio de sus funciones”, indicó el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia.
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Estos hechos se suman al asesinato de Elizabeth Orrego Torres, quien tenía 9 meses de embarazo . La mujer murió en medio de un cruce de disparos.
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Entretanto, el desplazamiento de las cerca de 500 personas y 90 indígenas en el municipio de Ituango ha cesado. Sin embargo, la población denuncia falta de acciones institucionales.
“Estaban perdiendo sus cosechas y sus animales; su proyecto de vida estaba ahí. Lo más lamentable es que regresan sin ningún tipo de garantías”, lamentó Yesid Zapata.
En Medellín defensores de derechos humanos denunciaron que más de 30 familias alertaron que en la comuna de Belén estarían reclutando menores de edad para pertenecer a bandas delincuenciales. Piden que se investiguen estos casos y se protejan a los jóvenes en riesgo.
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