La violencia desmedida en algunas regiones de Colombia ha puesto en evidencia el aumento del flagelo del desplazamiento. Familias enteras de varias regiones han tenido que dejarlo todo.
Dejar todo por huirle a la guerra, por esquivar las balas de una violencia que parece no tener fin, es lo que han vivido 1.324.964 personas desde enero de 2016 hasta el 31 de agosto de este año. Una cifra que no para de crecer a causa del conflicto armado interno que hay en varias regiones del país.
“El tema de desplazamiento desafortunadamente en Colombia es histórico, se puede hablar de décadas. Si se piensa en números totales de desplazados, Colombia es de los primeros países en términos de víctimas en desplazamiento”, señaló Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses.
De acuerdo con el Observatorio de Conflicto y Violencia de Indepaz, 2022 ha sido el año con el mayor número de eventos de desplazamientos masivos. Un flagelo en crecimiento.
Entre enero y agosto de 2023 se reportaron 99.000 desplazamientos.
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Estas situaciones afectan principalmente a comunidades indígenas, dejando un registro de 131.447 afectados y 339.551 afectaciones a poblaciones afrodescendientes. Líderes de Nariño, como Javier Galindo, aseguran que el desplazamiento masivo es el pan de cada día en esta región.
“Existe desplazamiento individual y colectivo. No hace mucho, en marzo, tuvimos desplazamiento de un resguardo, más de 519 familias. Eso solo como ejemplo, y a eso le sumamos el desplazamiento forzado que tenemos todos los días en las comunidades. Realmente es crítica la situación", enfatizó.
El Pacífico colombiano, y puntalmente el nariñense, se ubica en el mapa con zonas donde la violencia de grupos armados por la disputa del territorio es una constante.
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“Es muy grave lo que está pasando en temas de desplazamiento forzado, especialmente en Tumaco y Barbacoas. Esto se da especialmente por el enfrentamiento entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia en estos dos municipios. Todo con la intención de tener un control territorial, pero también un control social”, precisó Leonardo Gonzáles, director del Observatorio de Conflicto y Violencia.
Gobernantes locales y líderes en territorios coinciden en un llamado al unísono al Gobierno nacional para que le exija a los grupos armados ilegales frenar la violencia que los sigue dejando sin hogar, desplazados, confinados y sin paz.
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