La Corte Constitucional está por decidir si se despenaliza o no totalmente el aborto en Colombia, un debate que pasa por lo político, lo legal, lo social y la salud pública.
Quienes promueven la causa aseguran que al año se producen entre 100 mil y 400 abortos clandestinos, con un alto número de muertes.
Al respecto, la Procuraduría emitió un concepto en el que asegura que quien debe decidir es el Congreso y no la Corte.
Mientras esto se decide, vale la pena hablar de que ya hay una sentencia de 2006 que avala la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres condiciones: que la vida de la mamá esté en peligro, que el feto presente malformaciones o que el embarazo sea producto de una violación.
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Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos y del movimiento Causa Justa, que apoya la despenalización, y Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Sabana, que asegura que no se debe despenalizar, hablaron en Noticias Caracol.
“Creemos que la Corte tiene plenas facultades para pronunciarse en el asunto, pues si bien tiene plena libertad de decidir qué se penaliza y qué no, esta no es absoluta. El movimiento muestra que la penalización del aborto viola los derechos fundamentales de las mujeres: siguen ocurriendo, pone en grave riesgo la salud de las mujeres y se sigue criminalizando, lo que significa que el Estado falló y sigue criminalizando”, dijo Rosero.
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Pero Acosta considera que esto debe pasar a manos del Congreso: “el concepto (de que el Congreso es quien debe decidir) no es solo de la procuradora (Margarita) Cabello, sino que su antecesor, (Fernando) Carrillo, también piensa que el Congreso es el foro de deliberación, ahí se decide qué es y qué no un delito”.
¿Qué hay detrás de la demanda del Movimiento Causa Justa?
“La Corte debe revisar. Después de 15 años de intentar implementar las tres causales avaladas, el estigma y las barreras creadas como resultado de la penalización que persiste por fuera de esas tres condiciones, hacen imposible que las mujeres más vulnerables puedan acceder de manera segura al procedimiento. Viola el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque hace difícil el acceso; viola el derecho a la salud y a la igualdad, porque pone más vulnerables a mujeres como las migrantes, y viola la libertad de profesión de los que tienen que proveer el servicio , pues tienen una amenaza constante de ser penalizados o criminalizados si se equivocan en presentar los casos o evaluar los casos”, explicó Rosero.
Acosta, sin embargo, asegura que todos los argumentos se basan en una premisa falsa y es que la sentencia que permitió el aborto en las tres causales lo declaró un derecho fundamental.
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“Es falso, está absolutamente probado. No es cierto que haya sentencia que haya creado un derecho fundamental al aborto”.
La abogada Rosero cree lo contrario y dice que es un hecho que es un derecho fundamental. El debate, definitivamente, está abierto.
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