Emilio Tapia Aldana se convirtió en la primera ficha que tiene la Fiscalía para determinar qué ocurrió con el millonario anticipo de 70 mil millones de pesos entregado por el Ministerio de las TIC a la unión temporal Centros Poblados.
Emilio Tapia, un viejo conocido de la justicia, fue condenado en agosto de 2015 a 17 años de cárcel por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá.
En su momento, se le consideró como el ventilador de dicho carrusel al lograr un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar cargos por mover contratos de infraestructura vial que ascendían a los 253 mil millones de pesos.
En contexto: Emilio Tapia, empresario condenado por el carrusel de la contratación, fue capturado por caso MinTic
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Actualmente, Tapia goza del beneficio de casa por cárcel y desde ahí, según los investigadores, manejó los hilos para quedarse con el millonario contrato del MinTic.
En este escándalo él sería el dueño de la empresa ICM ingenieros, una de las cuatro que conforman la unión temporal, aunque Tapia no aparece en los documentos.
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Entre las pruebas de la Fiscalía hay certificados de cámara y comercio donde se evidenciaría que se habría nombrado a Herles Ariza, amigo y socio de Tapia, como representante legal de ICM ingenieros, empresa que recibió 12 mil millones del anticipo girado por MinTic para la compra de insumos tecnológicos.
Emilio Tapia fue capturado en la ciudad de Barranquilla, mientras se realizaba un procedimiento quirúrgico.
Simultáneamente en Medellín, el CTI de la Fiscalía capturó a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, quien será investigado por incumplimientos con el contrato y por las garantías bancarias que se presentaron para la adjudicación del contrato.
Duque siempre ha defendido la gestión de Centros Poblados.
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“Somos responsables de la ejecución del contrato hasta el momento con los avances que hemos reportado a la interventoría y que hemos entregado en los informes de seguimiento semanal que hemos hecho del contrato desde el primer día”, había dicho Duque a Noticias Caracol en agosto de este año.
El tercer capturado es Juan José Laverde, vicepresidente de la empresa Rave Seguros, señalada de tramitar las garantías bancarias que el banco Itau denunció como fraudulentas.
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La Fiscalía indaga los nexos de Laverde con Jorge Alfonso Molina, quien fue el mediador para la expedición de las garantías. Al respecto, la empresa emitió un comunicado negando la expedición de estos documentos.
No expide y nunca ha expedido garantías bancarias, pues es completamente ajeno a nuestro objeto social, como quiera que una póliza de seguros es diametralmente distinta a una garantía bancaria.
Noticias Caracol conoció que desde el pasado 28 de julio Laverde dejó de ser el representante legal suplente de Rave y, días después, exactamente el 6 de agosto solicitó una licencia por 90 días.
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