La Fiscalía General de la Nación capturó a 21 personas que trabajan en ocho fundaciones dedicadas a la rehabilitación de adictos en Soacha, Cundinamarca, y el departamento de Santander, entre otras regiones. Se les señala de haber asesinado, torturado, abusado sexualmente y prostituido a pacientes.
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En medio de un operativo, encabezado por el ente investigador y el Ejército Nacional de Colombia, llegaron a una de las sedes de las ocho fundaciones dedicadas a la rehabilitación de adictos. Allí, según indagaciones, habrían ocurrido ocho homicidios de personas en recuperación y 500 personas más habrían sido víctimas de tortura, abuso sexual e inducción a la prostitución.
El infierno que se vivía en las fundaciones
El fiscal describió que los dueños de estas instituciones “trasladaban a los pacientes a las fundaciones, eran ingresados inicialmente a una celda o a un cuarto que llaman de ‘reflexión’, donde los desnudaban, los golpeaban y los torturaban. Posteriormente, los trasladan a una habitación donde en toda su estadía eran sometidos a tratos crueles e inhumanos”.
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La Fiscalía tiene en su poder imágenes de las instalaciones de las fundaciones de rehabilitación y los testimonios recibidos de las víctimas, quienes aseguraron que los trabajadores de los lugares se habrían hecho pasar como autoridades en distintas oportunidades para intimidarlas con el supuesto de que iban a ser capturadas por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, si no accedían a los vejámenes sexuales.
El fiscal explicó que “todos estos delitos son cometidos sin que los directivos, los socios, los empleados, las personas que hacen parte de estas fundaciones los eviten, teniendo la obligación de proteger a estos pacientes”.
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En la audiencia también se indicó que en varios casos se habría establecido que personas que estaban en tratamiento terminaban colaborando en esas instituciones bajo amenaza. El fiscal expuso: “Se han ganado la confianza de este grupo y que, con miedo también, en algunas ocasiones trabajaban para esta organización y eran los que cuidaban a los internos”.
Se estableció que “algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los medicamentos que les proporcionaban", según la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, las fundaciones donde habrían ocurrido los hechos pertenecerían a una misma familia. Estas estarían ubicadas en Bucaramanga, Piedecuesta, Girón (en Santander), Norte de Santander, Atlántico y Soacha (Cundinamarca).
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento, tortura y acceso carnal violento.
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