En El Charco, Nariño , hasta la iglesia está cerrada. La población permanece confinada, el comercio no ha querido abrir sus puertas y la navegabilidad por el río Tapaje, por donde se mueve la economía de la región, está varada.
La comunidad se unió en protesta al abandono del Estado y a la presencia de grupos armados, incluyendo a las fuerzas militares.
“Reclaman no solamente cómo vamos a meterle fuerza militar, sino cómo también podemos tener inversión social en el territorio, todo el tema de infraestructura, las escuelas, los colegios, las vías", Misael Solis, representante del comercio de El Charco.
Tras el paro que cumple 11 días, los alimentos ya empiezan a escasear y las pérdidas alcanzan los 7.000 millones de pesos.
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"No hay una alimentación que podamos tener para abastecer a una población de más de 30, 40.000 habitantes, no tenemos un servicio de agua, el acueducto está cancelado hace diez días", aseguró José Orobio, alcalde encargado de El Charco.
Y el acueducto está cancelado porque no hay combustible para que funcione la planta de tratamiento, no hay cómo transportarlo, ya que se prohibió navegar por el río.
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Ante este panorama, las autoridades atendieron el llamado de la comunidad y viajaron hasta El Charco, ubicado en la zona norte de la costa Pacífica nariñense, en la desembocadura del río Tapaje. A este municipio solo se puede llegar en lancha o helicóptero.
“Vamos con un plan de contingencia para garantizar el agua, igualmente, combustible que necesitan y la apertura del comercio”, aseveró Jhon Rojas, gobernador de Nariño.
Las autoridades aseguran estar cumpliendo una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, con el fin de evitar que el río Tapaje se convierta en corredor del narcotráfico.
"Para apoyarlos y para prestarles esa seguridad que tanto necesitan en este momento, donde las estructuras están en confrontación”, señaló Jaime Alonso Galindo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules.
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Como acuerdo para conjurar el paro, el gobernador se comprometió a enviar ayudas humanitarias al municipio y concertar los mecanismos de sustitución de cultivos ilícitos.
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