Derecho civil vs. ancestral: familia wayú y un particular luchan por tierra en La Guajira

En las afueras de Riohacha, La Guajira, un grupo de familias wayú ocupa un predio denominado Jari Jinamana. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo han hecho durante los últimos 80 años y su permanencia en el lugar les da el derecho a la tierra. El problema es que un particular reclama su propiedad y tiene documentos que lo respaldan. ¿Cómo se dirime este conflicto de derechos?

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La expansión urbana de Riohacha se le vino encima a un predio que hasta no hace mucho tiempo estaba en la ruralidad y hoy se encuentra en los límites de la ciudad.

El predio se llama Jari Jinamana, que en wayuunaiki, lengua aborigen de los wayú, significa flor de araguaney.

Del asentamiento hoy solo quedan ruinas de lo que fue. La comunidad ha sido desalojada varias veces del lugar mediante orden judicial porque un particular sostiene que es el dueño del terreno. El propietario señala que los indígenas son usurpadores del predio y no duda en calificarlos de invasores.

En el predio se reunieron no solamente el clan de los Uriana, que ha ocupado el lugar durante más de 80 años, según una investigación de la Agencia Nacional de Tierras, sino los líderes de otras comunidades que también padecen el mismo problema en La Guajira.

Ramiro Epieyú, autoridad ancestral, asegura que el documento son sus ancianos, sus abuelos que estuvieron antes que él ahí y vivieron antes ahí, y que a través de eso se puede evidenciar que ese territorio les pertenece.

Por su parte, Luis Pimienta, lideresa de la comunidad, manifiesta que la tierra es la esencia del indígena wayú: “Han terminado con nuestra cultura prácticamente, porque la madre tierra para nosotros los indígenas es lo que somos, nuestra raíz, nuestra cultura, nuestro valor. Un wayú sin tierra no tiene valor, no es nadie prácticamente. Todas estas ruinas son un exterminio para nuestro pueblo, nuestra cultura”.

Para la ANT, que conoció este conflicto, los indígenas han ocupado el terreno en forma ininterrumpida durante décadas y por eso amparó su derecho de posesión.

La investigación de la ANT dio origen a una resolución mediante la cual resolvió dictar medidas temporales de protección a los terrenos ocupados ancestralmente por los indígenas.

Esa reciente resolución de la ANT pone una pausa a las distintas órdenes judiciales de desalojo que han vivido los indígenas y que, según ellos, vulneran su cultura y su ancestralidad.

Pese al derecho otorgado, los wayú han encontrado que algunas tumbas de sus antepasados han sido profanadas, lo que para ellos es una máxima ofensa que niega la esencia misma de su existencia.

Aunque la ANT reconoce los derechos de los indígenas, también es clara en reconocer los derechos del propietario del predio. Es un enfrentamiento de derechos: los ancestrales y de posesión que alega la comunidad wayú, y los del particular, que ostenta títulos de propiedad.

El terreno, según la investigación predial, son 41 hectáreas en área rural y de ellas solo 1.477 metros cuadrados hacen parte de la zona urbana.

El dueño del predio afirma que no hay dudas jurídicas sobre la propiedad del terreno y se declara como el legal y único dueño de esas tierras. Entonces, ¿cuál es el camino?

¿Qué caminos hay para resolver la problemática de esta tierra?

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, explica: "A partir de la protección territorial se surten dos caminos. El primero es el análisis jurídico de la propiedad, del bien, en el que si vemos que es oportuno la recuperación por parte del Estado y encontramos que hay una especie de falsa tradición por parte del propietario, pues definitivamente se ampara y se recupera. Si, por el contrario, reconocemos que es un propietario, que es propiedad privada, que en esa medida cumple con el resorte del ordenamiento jurídico colombiano, pues lo compramos".

De ser así, la ANT, con base en un evalúo de referencia, le hará una oferta y el propietario decidirá si vende el predio o, por el contrario, apela a otras instancias jurídicas y administrativas.

Mientras tanto, las comunidades wayú se desplazaron recientemente a Bogotá y fueron al Congreso de la República, donde pidieron ser escuchadas para buscar soluciones al problema.

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