Después de la operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde, según el Ejército, fueron abatidos 11 disidentes de las FARC
, la familia de Dídier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso, denuncia que ni él ni su esposa, Ana María Sarria, pertenecían a grupos armados ilegales y que eran líderes comunitarios.
“En ese momento, ellos estaban en una actividad de un bazar, él se había ido hace como un mes y 15 días, había sido elegido por la comunidad para que dirigiera ese bazar”, dijo Jorge Eliécer Hernández, tío de Dídier Hernández.
La Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo asegura que entre los muertos también está el gobernador indígena del cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, un menor de edad y otros cinco integrantes de la comunidad.
Por ello, la organización de derechos humanos pidió una investigación en el terreno para determinar lo ocurrido, porque podría tratarse de un falso positivo militar.
"Todos ellos, según manifiesta la comunidad, eran habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados hoy", señaló la Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo en un comunicado.
Dídier Hernández murió junto con su esposa, quien también presuntamente participaba en ese bazar. La pareja deja dos niños huérfanos.
“La denuncia que yo quiero hacerle al Gobierno nacional es que la muchacha que están haciendo pasar por guerrillera es la sobrina de mi esposa, es una muchacha que la vimos crecer”, sostuvo Luis Eduardo Parra, familiar de Ana María.
En las próximas horas, los cuerpos de Dídier Hernández y Ana María Sarria serán trasladados a la ciudad de Florencia para ser sepultados. Familiares indican que demandarán al Estado por la muerte de estas dos personas e insisten en que ellos no pertenecían a las disidencias de las FARC.
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