Es tensa la situación en el municipio de Totoró, Cauca, tras la de denuncia de la presencia de un grupo armado ilegal. Videos dan cuenta de hombres fuertemente armados, vistiendo prendas militares y brazaletes alusivos al ELN que han estado recorriendo las calles de zona rural de esta municipalidad, específicamente del corregimiento de Paniquitá.
La comunidad y líderes de la zona han manifestado su temor ante la presencia de actores armados debido a que esto podría desencadenar confrontaciones violentas en medio de la población civil.
Por parte de las autoridades departamentales se ha dicho que ya iniciaron la investigación por estas denuncias y también hacen presencia tropas de la Tercera División del Ejército para garantizar la seguridad de los pobladores, tanto en la zona urbana como rural.
Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a los actores armados para que dejen por fuera a la población civil del conflicto.
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En otras noticias que involucran al Ejército de Liberación Nacional, la Policía cree que este grupo sería el responsable del atentado en Cúcuta que dejó una vendedora informal muerta y siete personas más heridas, en un hecho registrado en la mañana del lunes 17 de abril en el parque Mercedes Ábrego, muy cerca del CAI.
La víctima fatal fue identificada como Neyda Coromoto Rebolledo, de nacionalidad venezolana.
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La información que han recolectado autoridades sobre el atentado en Cúcuta indica que los criminales abandonaron dos kilos de explosivo de alto poder con metralla y puntillas dentro de una cesta de basura, los cuales fueron activados a control remoto.
Tras la explosión, hubo pánico, caos y zozobra. “Todo estaba normal y, cuando miré, sentí la onda expansiva por detrás del CAI”, relató un comerciante.
El coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que por “los elementos utilizados (en el ataque) podría tratarse del grupo armado organizado ELN que delinque en esta zona”.
Luego del consejo de seguridad realizado el pasado lunes, se estableció “una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca a la identificación de los responsables”.
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