La carrera para delimitar el páramo de Santurbán inició en 2017, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional que tumbó el trazado que se hizo en 2014 y que se emitió tras una avalancha de tutelas por parte de ambientalistas y un colectivo de abogados que alegaban vulneración de los derechos de las comunidades que no fueron tenidas en cuenta para la delimitación.
En dicha sentencia se dio un plazo de un año al Ministerio de Ambiente para volver a realizar ese trazado. Sin embargo, han pasado ya seis años, dos gobiernos y el proceso parece no avanzar.
“La propuesta integrada de delimitación que hizo el gobierno del presidente (Iván) Duque es otra delimitación exprés político-minera sin los estudios científicos suficientes y pertinentes, como son los estudios hidrológicos e hidrogeológicos y al servicio de los intereses particulares mineros de una política minera mal concebida y especialmente de los intereses de las trasnacionales mineras”, dijo Erwing Rodríguez-Salah, accionante de la sentencia.
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Hoy el proceso de delimitación del páramo de Santurbán avanza lentamente. El Ministerio de Ambiente está buscando acuerdos con las comunidades de 40 municipios de Santander y Norte de Santander que están en la zona de influencia.
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“Hace falta mucho en esa concertación, son 40 municipios y hasta el momento se ha concertado con 7, el último fue California. Lo que nosotros planteamos es que, primero, no se puede considerar extraer hectáreas que hoy se consideran páramo de Santurbán para destinar a la minería sin un proceso de transición de sustitución de esas actividades a otras actividades económicas acordes al ecosistema y la protección del agua y Santurbán”, dijo Mayerly López, defensora del páramo.
De los diez municipios de Santander que están en el páramo de Santurbán, ya siete han logrado grandes acuerdos: Matanza, El Playón, Suratá, Tona, Charta, Vetas y California.
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Los dos últimos son de tradición y actividad minera, la cual se busca formalizar en California.
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“La comunidad de California es una comunidad minera, se ha consolidado dentro de ese esquema de la economía y se advierte entre el proceso de delimitación y de los acuerdos lo importante que es establecer ese acuerdo de la formalización y legalización de la minería para los pequeños mineros y mineros ancestrales”, aseguró Gerardo García, presidente del Concejo de California.
Sin embargo, para los ambientalistas y defensores de Santurbán, este proceso puede ser largo. Lo importante, aseguran, es que la delimitación esté por encima de las bocatomas del acueducto.
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“La síntesis de todo esto es el cuidado del agua y de las fábricas de agua por excelencia de nuestro país, nuestros páramos”, sostuvo Erwing Rodríguez-Salah.
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En ese sentido, Mayerly López añadió que “se deben adelantar las acciones jurídicas, las acciones técnicas para blindar Santurbán de las acciones de megaminería y poder brindarles a esas comunidades alternativas sostenibles con el ecosistema”.
Desde la Alcaldía de Bucaramanga se destinaron más de 6.000 millones de pesos para la compra de predios en Santurbán, en inmediaciones del río Suratá, uno de los afluentes que surte de agua a más de 1,5 millones de habitantes de la capital de Santander.
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“Ya hemos comprado 500 hectáreas, estamos en proceso de comprar 300 más y esperamos terminar el gobierno con 1.000 hectáreas de los bumangueses, los santandereanos y los colombianos”, dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, hace un tiempo.
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Tanto los ambientalistas como los defensores de Santurbán señalaron que es importante que el Ministerio de Ambiente, antes de tomar cualquier decisión, debe realizar los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que permitan identificar las condiciones del páramo y establecer dónde nace el agua para que la delimitación no afecte este recurso.