La crisis humanitaria en el Catatumbo por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, que hasta el momento ya deja miles de desplazados, se agudiza con el pasar de las horas.
Iris Marín, defensora del Pueblo, recibió una carta firmada por cerca de 95 organizaciones sociales del Catatumbo, en la que hacen un llamado a estos dos grupos armados: ELN y las disidencias de las FARC, además, al Gobierno nacional, para buscar el camino de la paz en el territorio. En el documento, les exigen a los actores armados el respeto por los liderazgos sociales.
Esta misiva le fue entregada a la funcionaria en medio de una reunión que se llevó a cabo el pasado 19 de enero de 2025 en el Catatumbo con líderes sociales y organizaciones para abordar la crisis humanitaria que se está presentando.
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“La preocupación de los líderes de las organizaciones sociales del Catatumbo es la situación de crisis extrema en la que se encuentran varios municipios del departamento y piden a los grupos armados, tanto al ELN como el llamado Frente 33 del Estado Mayor, que es respetar integralmente el Derecho Internacional Humanitario (DIH); cesar todos aquellos ataques que están adelantando contra la población civil y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y la extracción de las personas que se encuentran en riesgo”, explicó Iris Marín, defensora del Pueblo, sobre la petición de las organizaciones sociales.
El drama de las familias que han sido desplazadas de sus territorios y los civiles que han muerto en medio de los enfrentamientos es la cara real de la guerra en el Catatumbo.
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Así lo recalcó la funcionaria: “Los hechos principales son homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, secuestro, falta de acceso a ayuda humanitaria y especialmente a medios de subsistencia, pues empieza a haber escasez de alimentos y falta de acceso a salud. Al menos 11.000 personas estarían desplazadas, por lo menos en Ocaña, en Cúcuta y en Tibú. Tenemos reportes de autoridades de 2.500 personas que se encuentran desplazadas en Tibú. En Ocaña hay alrededor de cinco; ayer iban a habilitar un sexto albergue, incluyendo el coliseo; y tenemos un censo de más de 2.200 familias que podrían equivaler, en unos cálculos muy conservadores, a más de 4.500 personas. También tenemos más de 5.000 personas en Cúcuta”.
Estas cifras continúan aumentando, pues siguen llegando más familias desplazadas por la violencia del Catatumbo. “Las personas que llegan desplazadas es porque lograron huir, es decir que, en medio de todo, lograron proteger su vida y llegar a un lugar seguro, aunque se encuentran en situación humanitaria de mucha gravedad y de necesidades de protección. Muchas otras continúan confinadas en varios municipios del Catatumbo”, indicó Marín.
"Los grupos armados han llegado casa a casa": defensora del Pueblo
La situación en El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Hacarí y Ábrego es de extrema violencia, pues según la defensora del Pueblo, “los grupos armados han llegado casa a casa buscando a las personas que consideran que pertenecen al otro grupo, particularmente al ELN, que pertenecen al Frente 33, extraen a las personas, las asesinan y quienes han logrado saber que las están buscando para asesinarlas, pues huyen a las montañas o se refugian en lugares seguros”.
Marín dejó en claro que “la Defensoría del Pueblo no tiene la obligación directa de garantizar la atención humanitaria, ni tampoco la seguridad en la zona. Nuestra función es el acompañamiento humanitario, principalmente a las poblaciones, y acompañar el rol del Gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, quienes son los encargados de prestar la atención humanitaria y garantizar la seguridad. También hacemos monitoreo para ver en dónde hay falencias para poder colaborar y advertir las situaciones que requieren una atención urgente”.
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