Defensor del Pueblo cree que disidencias de las FARC “se burlan de anhelo de paz de los colombianos”

La decisión del gobierno de suspender el cese al fuego con el estado mayor central de las disidencias de las FARC provocó reacciones como la de la Defensoría del Pueblo, que les pide a los grupos ilegales que muestren “un compromiso real de paz”.

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Según ese organismo, la masacre de cuatro menores de edad indígenas se suma “a las más de 50 violaciones al DIH que habrían sido cometidas por el EMC de las disidencias de las FARC”.

“El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz, lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, precisó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

“Desde la Defensoría del Pueblo les exigimos a los grupos armados hechos concretos, actuaciones inmediatas y no más dilaciones para iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional. Los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Gobierno para dialogar sobre la ruta para dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico”, recalcó.

Por su parte, las comunidades indígenas, a través de la Opiac, hicieron “un llamado bilateral al respeto por la vida e integridad personal y colectiva de nuestros 64 pueblos indígenas y sus estructuras organizativas que se encuentran en el territorio amazónico, en medio de los escenarios territoriales de violencia entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC”.

Sostienen que con la suspensión del cese al fuego “será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas al estar en contacto directo con este tipo de confrontaciones armadas. Son nuestras comunidades, mujeres y niños indígenas quienes día a día afrontan directamente la violencia del conflicto armado”.

Por su parte, Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI (Comisión Nacional de Territorios Indígenas), lamentó “profundamente esta suspensión del cese al fuego porque exacerba la situación y pone en mayor vulnerabilidad a los pueblos indígenas que están allá en los territorios. Se tienen que comprometer a no seguirse metiendo más con la población civil y menos con los menores de edad”.

Camilo González Posso, director de Indepaz, cree que la decisión del gobierno respecto a las disidencias de las FARC “puede desencadenar, primero un agudizamiento de confrontaciones para una ruptura total del cese al fuego, o lo que es más probable, una recomposición para que se aprovechen las cuatro semanas que le quedan al decreto, de modo que se defina un cese ya más prolongado para el segundo semestre y principios del año 2024”.

Agregó que para el proceso de paz total “los protocolos deben ser estrictos, deben definirse claramente lo del cese de hostilidades a cualquier población civil, regularizarse el funcionamiento de la mesa con nombramientos de voceros y también que funcione el mecanismo de verificación, el monitoreo”.

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