Son varios los reparos del Ministerio de las TIC a la propuesta de la unión temporal Centros Poblados de devolver parte del anticipo de los 70.000 millones de pesos con los equipos que ya se habían adquirido para la ejecución del proyecto que consistía en llevar internet a colegios de zonas apartadas.
- En contexto: Adjudican contrato de internet para escuelas que estaba embolatado por escándalo de Centros Poblados
En primer lugar, la compra de esos insumos se habría hecho meses antes de que el Ministerio de las TIC desembolsara el millonario anticipo con Centros Poblados. Así se demostraría que los equipos no se compraron con ese dinero.
En segundo lugar, la defensa del Ministerio de las TIC señala que recibir este tipo de bienes a modo de "devolución" no constituye una reparación efectiva, ya que se generarían varios riesgos.
"Recibir bienes a título de ‘devolución’ de los recursos de fomento entregados a cualquier título al contratista genera riesgos no gestionables por la entidad, asociados a la preservación, mantenimiento y obsolescencia de los aquellos, por cuanto se trata de equipos tecnológicos con un corto periodo de vida útil", dice un documento.
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Igualmente, es imposible recibir los bienes porque nunca ingresaron al patrimonio del Ministerio de las TIC, incluso hasta cuando se declaró la caducidad del contrato.
También, el Ministerio insiste en que este dinero debe ser entregado en efectivo y no serían 70.000 millones, sino 74.000 millones de pesos.
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Para la Corporación Excelencia en la Justicia, lograr un preacuerdo con el que es considerado la cabeza del desfalco, Emilio Tapia , podría tener una mala percepción.
“Esos preacuerdos deben garantizar, para efectos de no generar impunidad, el debido resarcimiento, reparación y la responsabilidad plena de esas personas a las cuales se les esté atribuyendo ese delito en particular”, indicó Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La Fiscalía también suscribió un preacuerdo con Juan José Laverde , que rebaja la pena a 4 años de cárcel a cambio de la aceptación de dos delitos.
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