¿Cuáles son los motivos del paro del 21 de noviembre y qué responde el gobierno?

Sindicatos rechazan supuesta intención del gobierno de presentar reformas que afectarían el bienestar de los trabajadores. El presidente Duque lo niega.

Inicialmente el llamado al paro nacional del 21 de noviembre lo hicieron la Confederación General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia, al que se unieron todas las demás centrales obreras.

Los trabajadores decidieron hacer el llamado ante la preocupación que les genera una supuesta reforma pensional y laboral que piensa presentar el gobierno al Congreso. Los sindicatos alegan que los cambios que piensa proponer el Ejecutivo desmejorarían las condiciones de los asalariados y aumentaría, por ejemplo, la edad de jubilación.

De igual forma rechazan la propuesta que realizó Anif de que a los más jóvenes se les pague por debajo del salario mínimo. Esto, aseguran las centrales obreras, es inconstitucional y desmejora las condiciones del empleado colombiano.

En contexto sobre las marchas del 21 de noviembre:

Un salario mínimo diferencial para jóvenes menores de 25 años, propone ANIF

El gobierno ha desmentido en distintas ocasiones que vaya a proponer el aumento en la edad o que apoye la idea de pagar menos de un salario mínimo. También ha asegurado que cualquier reforma laboral o pensional será acordada con la mesa de concertación sindical.

Pedirán recursos para la educación en el paro del 21 de noviembre

No solo el tema laboral preocupa a un sector de la sociedad colombiana. Los estudiantes de las universidades públicas también se suman a las protestas con estos argumentos:

• Rechazo a las reformas laborales y pensionales, lo que han llamado el ‘paquetazo del gobierno nacional’.
• Exigencia del cumplimiento pleno de los acuerdos firmados tras el paro estudiantil de 2018. Aseguran que el presidente Iván Duque ha decidido incumplir uno de los puntos centrales, que es lo que corresponde a la financiación de la ciencia y la tecnología. Se había pactado que 300 mil millones de pesos serían asignados para ese sector y esto no se cumplió en el 2019 y, en el 2020, solo van a cumplir 78 mil, aseguran líderes estudiantiles.
• Para exigirle al gobierno nacional que se garantice y se respete el derecho constitucional a la protesta pacífica, que lo consideramos esencial porque es un derecho a través del cual se defiende los demás derechos.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, negó que no se hayan girado los recursos y aseguró:

“Este año se han entregado 1,26 billones de pesos del acuerdo de 4,5 billones que se logró con los estudiantes en 2018. Es claramente el presupuesto no solo más alto del sector educación, sino es la primera vez que el sector educación es el primer renglón de todo el presupuesto. Así que esto no es mentira”.

“¿Qué dice el acuerdo? Que se podrán encontrar hasta 300 mil millones, acuerdo el cierre fiscal de la vigencia anterior permitiera tener saldos y que estos saldos no impactaran ni déficit fiscal ni todos los temas de la regla fiscal. El año cerró con cero saldos. ¿Qué hizo el señor presidente? Acuñar 78.500 millones que hoy ya hacen parte de Colciencias. Claramente, estamos cumpliendo”.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizar ese derecho constitucional a la protesta social. Yo no creo que los vándalos sean estudiantes. Ellos (los estudiantes) ejercen su protesta de manera pacífica”.

Estudiantes y ministra sobre el paro del 21 de noviembre:

Implementación del acuerdo de paz y asesinatos de líderes

Diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos le piden al gobierno del presidente Duque que respete lo acordado en el proceso de paz con las FARC, también en cuanto a presupuestos y voluntad política.

Prácticamente todos los marchantes exigen al gobierno nacional que proteja a los líderes sociales y que tome acciones concretas y efectivas que detengan los asesinatos de estas personas, ejes de sus comunidades.

Comunidades indígenas y agremiaciones campesinas también marcharán. Le piden al Ejecutivo que invierta en el campo y mejore la vida de sus comunidades. También que cumpla su promesa de campaña de proteger territorios sagrados de la minería y el fracking.